Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara Duque, denunció que hay una persecución política en contra de la guerrerense Kenia Hernández Montalván, integrante del Colectivo Zapata Vive.
La activista, de 31 años, originaria de Xochistlahuaca y exconsejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), fue detenida el 18 de octubre pasado por el delito de robo con violencia, en la caseta de Amozoc, Puebla, y trasladada al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
El 25 de octubre a las diez de la noche se ordenó su libertad, sin embargo cuatro horas después, la madrugada del 26 de octubre, se le notificó que un Juez Federal de Acapulco giró una orden de aprehensión en su contra por ataques a las vías generales de comunicación en marzo del año pasado, por lo que fue trasladada a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en ese puerto.
De acuerdo con Lara Duque, Kenia Hernández es beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual ordenó en 2019 que la activista fuera sacada de Guerrero debido a que recibió amenazas de muerte.
En ese sentido, el Juez Federal de Acapulco ordenó el traslado de la activista al penal federal de Morelos Número 16, en la sección femenil donde un pabellón de 26 celdas fue desalojado para que Kenia Hernández permanezca en total aislamiento al ser considerada como «una persona que pone en riesgo a la comunidad porque la mujer se manifiesta en los estados de México, Puebla, Morelos y sobre todo, en el estado de Guerrero».
Lara Duque precisó que actualmente hay seis carpetas de investigación en Guerrero contra Kenia Hernández, cuatro del Fuero Federal y dos del Fuero Común; este sábado, en Acapulco, se llevará a cabo la audiencia en la que se definirá la situación jurídica de la activista de quien se solicitará su liberación inmediata.
«Hoy por hoy, Kenia es la presa política más relevante, de mayor trascendencia en este país», expresó Lara Duque, quien precisó que la activista participó en una protesta para pedir la presentación con vida de un integrante de la Policía Comunitaria en la caseta de La Venta, lo que pretenden las autoridades es equiparar esa manifestación con un acto delictivo.
El abogado señaló que hay una campaña de las concesionarias de autopistas federales para centrar en Kenia Hernández un «castigo ejemplar, por atreverse a protestar, evidentemente hay un cesgo de castigo mayor a Kenia por el simple hecho de ser mujer».
«Evidentemente hay una lógica de perspectiva machista y patriarcal en las autoridades porque es menos permitido que una mujer este al frente, sea visible a la hora de organizarse, porque en la sociedad en la que vivimos las mujeres no es el papel que deben de jugar y cuando juegan ese papel las autoridades se ven verdaderamente increpadas en su situación de poder», concluyó.