Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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Me resulta ineludible referirme a los recientes, sensibles y cobardes asesinatos perpetrados en agravio de periodistas la semana pasada y este lunes; así tenemos los casos de Lourdes Maldonado, que fue privada de la vida el 23 de enero en Tijuana, Baja California y el homicidio de Roberto Toledo, acontecido en Zitácuaro, Michoacán el 31 de enero; al igual que el atentado suscitado ayer en agravio del también periodista Nezahualcóyotl Cordero García en Cancún, Quintana Roo, quien afortunadamente como él dijo, “la libró” de ser asesinado.
Destacan similitudes contextos en los tres casos, pues previo a los hechos hubo denuncias públicas de los propios agraviados de ser víctimas de amenazas y externaron su temor de sufrir atentados a su integridad física; incluso Lourdes Maldonado así lo externó ante el propio Presidente de la República en una conferencia mañanera y solicitó se le brindara apoyo; sin embargo, sucedió lo que temían, lamentablemente los dos primeros fueron privados de la vida.
En nuestro país, la estadística de agresiones extremas cristalizadas en homicidios en agravio de periodistas es alarmante, de acuerdo con la organización independiente Artículo 19, del año 2000 a la fecha, se han cometido 149 asesinatos, en posible relación con su labor; 137 en agravio de hombres y en 12 casos las víctimas han sido mujeres.
De esa numeralia destaca que 47 asesinatos se cometieron en el sexenio anterior y 29 en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lleva poco más de la mitad de su periodo gubernamental, y deseamos ya no se incrementaran, pero la realidad nos supera.
La sin razón del caso de la periodista Lourdes Maldonado, ella estaba bajo medidas de protección del mecanismo estatal de Baja California, que brinda apoyo a este sector que se encuentre en riesgo con motivo de su labor, y no obstante ello, sufrió la agresión que la privó de la vida; por lo que evidencia su inoperancia.
Tal circunstancia hace apremiante realizar una evaluación del funcionamiento de este tipo de mecanismos, incluido el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, y emprender acciones gubernativas para su reestructuración y fortalecimiento, para que brinden en los hechos las medidas de protección más eficaces y acordes al contexto de riesgo que enfrentan las y los periodistas, para evitar desenlaces fatales como los aquí mencionados.
Es oportuno mencionar que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirma que el periodismo debe considerarse una actividad y una profesión que constituye un servicio necesario para cualquier sociedad ya que proporciona la información necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y sacar libremente sus propias conclusiones. Cada uno, al ejercer el derecho a «buscar y recibir información», puede tomar decisiones informadas, expresar sus opiniones libremente y participar activamente en un sistema democrático.
Sin duda que la subsistencia de amenazas, actos de hostigamiento, de criminalización y desprestigio a su labor, aunado a los altos niveles de inseguridad, viene a incrementar las condiciones de riesgo que enfrentan las y los periodistas; por esta circunstancia se les coloca en una situación de vulnerabilidad.
Es altamente preocupante ese incremento en las agresiones a periodistas, se requieren resultados oportunos de las fiscalías sean estatales o de la Fiscalía General de la República, que se apliquen en realizar investigaciones prontas, diligentes, profesionales y eficaces, que tomen en cuenta como línea de investigación el ejercicio periodístico de las víctimas y sancionar esos actos de violencia.
De igual manera urge que las autoridades cumplan con su obligación de prevenir y proteger a las aproximadamente 44,364 personas, que de acuerdo el INEGI, se desempeñan ocupadas como periodistas y locutoras.
Va mi solidaridad para los familiares, amigas y amigos de periodistas que han sido víctimas de agresiones, extensiva a todas aquellas personas que ejercen esta noble labor social de periodista.