Carlos Navarrete Romero
Chilpancingo, Gro. 21-Agosto-2019
La diputada local por Morena, Mariana García Guillén, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), con la que plantea que la designación y destitución del contralor General de la máxima casa de estudios sea una facultad exclusiva del Congreso local, y ya no del Consejo Universitario.
En la sesión que celebró este miércoles la Comisión Permanente del Congreso, García Guillén subió a tribuna a presentar su propuesta, “con la finalidad de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; así como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos” dentro de la UAGro.
En su exposición de motivos expresó que el Sistema Anticorrupción en Guerrero establece que los entes públicos federales, estatales y municipales contarán con órganos internos de control.
“Es importante hacer hincapié que, hay muchos órganos autónomos que de entrada se cree que no entran dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. Verbigracia, la Universidad Autónoma de Guerrero, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que, el principio de autonomía universitaria no se traduce en la disgregación de las universidades públicas de la estructura estatal”.
Por ello, indicó que con su iniciativa no se transgrede el principio de autonomía universitaria, toda vez que la Suprema Corte determinó que a las universidades públicas le resultan aplicables las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción, porque su patrimonio se integra por recursos públicos.
Por ello, propuso una reforma al artículo 34 de la Ley Orgánica de la UAGro, para que la designación y remoción del titular de su Contraloría General deje de ser una facultad del Consejo Universitario, y ahora sea responsabilidad del Congreso.
“Lo anterior, con la finalidad de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; así como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción”.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.