Ángel Galeana.
Chilpancingo, Gro. 1-Agosto-2019
Los ex integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago y Francisco Cox, se integraron al Grupo de Asesoría Técnica (GAT) de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció la integración de ambos integrantes, durante la sesión extraordinaria de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, realizada este jueves.
La sesión se realizó en el marco de la visita al país de la presidenta y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Esmeralda Arosamenta de Troitiño.
Encinas Rodríguez indicó que en la reunión presentaron el informe en temas de vinculación internacional, atención victimal y acciones realizadas por el Grupo de Búsqueda. Además, la integración de Ángela Buitrago y Francisco Cox.
Francisco Cox es un abogado chileno que tiene maestría en derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; es profesor de derecho constitutional en la Universidad Diego Portales y profesor de clínicas de interés público y derechos humanos.
Según información de cuando formó parte del GIEI, trabajó en apoyo de la extradición del general Pinochet a España, fue asesor principal del director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también asesor de la CIDH en los Casos Villagrán Morales y otros contra Guatemala y Castillo Páez contra Perú.
Ángela Buitrago es abogada de origen colombiano, con doctorado en derecho y sociología, con especialización en derecho penal y ciencias criminológicas.
Entre 2005 y 2010 fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y trabajó en casos como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia; del ex gobernador del Departamento del Meta por asesinato de tres líderes políticos; del ex gobernador del Casanare por enriquecimiento ilícito; un ex senador por presuntas relaciones con paramilitares, espionaje telefónico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre otros.
Durante su investigación como parte del GIEI presentaron dos informes, en los que dieron líneas de investigación importantes sobre el caso Ayotzinapa, entre ellas, que los 43 alumnos no fueron incinerados en el basurero de Cocula, confrontando en su momento a la Procuraduría General de la República.