Carlos Navarrete Romero
Chilpancingo, Gro. 12-Noviembre-2019
El grupo parlamentario del PRI, en alianza con el PVEM, frenaron un exhorto con el que se solicitaría a diferentes dependencias del gobierno federal investigar el proceso de construcción de las viviendas en el fraccionamiento El Nuevo Mirador, de Chilpancingo, ante presuntas irregularidades y actos de corrupción en los recursos destinados para apoyar las familias afectadas por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013.
En la sesión que celebró este martes el Congreso local, la diputada de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, presentó la propuesta de exhorto, que sólo contó el aval de sus compañeros de fracción, de la diputada perredista Dimna Salgado Apátiga, la panista Guadalupe González Suástegui y la legisladora del PT, Leticia Mosso Hernández.
En su exposición de motivos recordó que los dictámenes que en su momento se emitieron respecto a la zona en donde sería construido el Nuevo Mirador, determinaron que los terrenos eran inestables, irregulares y no aptos para la construcción.
Afirmó que, pese a ello, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) adquirió los terrenos sin contar con un estudio ambiental y a un costo superior de su valor real.
“Las casas recién se habían entregado y los daños ya eran notoriamente visibles, sobre todo las cuarteaduras. Esto a razón de que la mayoría están construidas con estructuras prefabricadas, además de que algunas estaban montadas sobre otras”.
Recordó que en 2017 el delegado de la SEDATU en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, explicó que, de acuerdo a los lineamientos del FONDEN, cada una de las mil cien casas que se debían construir costaría 190 mil pesos.
“No obstante, según los propios informes oficiales, hasta ahora sólo se han construido 598 viviendas en seis hectáreas, sin servicios básicos como agua potable y electricidad y 60 deben ser demolidas, ya que al estar sobre terreno inestable ya presentan fracturas”.
Mencionó que la SEDATU otorgó contratos directos por 369 millones 34 mil pesos a cuatro empresas que están denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por responsabilidad penal; aunado a que Armenta Tello admitió que el programa de reconstrucción en Guerrero podría quedar inconcluso por el uso irregular de los recursos del FONDEN, “que beneficiaron a una red de funcionarios federales, políticos y empresarios del sector de la construcción que incumplieron los contratos”.
Pese a todas esas irregularidades, Hernández Martínez dijo que nadie fue sancionado, por lo que los responsables siguen impunes.
Ante esa situación, propuso que se exhortara a los titulares de la Secretaría de Hacienda, Sedatu y de la Secretaría de la Función Pública, para que realicen una investigación exhaustiva ante la presunción de anomalías y de actos de corrupción en la construcción de las viviendas del fraccionamiento El Mirador.
Sin embargo la propuesta no fue desahogada como de urgente y obvia resolución porque los diputados del PRI, junto a los del PVEM votaron en contra, mientras que cuatro perredistas se abstuvieron, por lo que fue turnad a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.