Carlos Navarrete Romero
Chilpancingo, Gro. 26-Noviembre-2019
El titular de la Secretaría de Salud (SSa), Carlos de la Peña Pintos, manifestó que esa dependencia practicará abortos a mujeres víctimas de una violación sexual sólo si existe autorización del Ministerio Público (MP), pese a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) recomendó al gobierno de Guerrero eliminar ese requisito, tras admitir una segunda solicitud de alerta por violencia de género.
Así lo expresó el funcionario la noche de este martes ante el pleno del Congreso local, en su comparecencia con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores.
Durante su intervención, Carlos de la Peña dio a conocer que la SSa proporcionó 12 mil 482 consultas a mujeres con factores de riesgo de violencia, atendió a siete mil 538 que presentaban indicadores de sospecha de violencia y a 273 que fueron víctimas de violencia sexual.
Tras ofrecer esos datos, el diputado de Morena, Moisés Reyes Sandoval, pidió al funcionario que explicara de qué manera se atendió a las víctimas de violencia sexual. Al respecto, De la Peña aseguró que se aplicó la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que establece las responsabilidades de las autoridades para atender como urgencia médica los casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Entre otras cosas, la NOM-046 establece que las mujeres que hayan quedado embarazadas tras ser víctimas de una violación, podrán acceder a un aborto en clínicas del sector público sin necesidad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público ni esperar a que éste otorgue una autorización, como lo estipula la actual redacción del Código Penal de Guerrero.
Sin embargo, el funcionario precisó a los diputados que ese aspecto de la Norma no se aplica, incluso a pesar de que en junio pasado la Conavim recomendó al gobierno del estado y al Congreso local homologar el Código Penal con la NOM-046, con la finalidad de eliminar ese requisito, esto luego de que organizaciones feministas solicitaran la declaratoria de una segunda alerta por violencia de género para Guerrero.
“Se brinda apoyo psicológico, la prevención de infecciones sexuales y píldora de emergencia. Si fuera un caso de embarazo, se hace la interrupción legal del embrazo con la autorización del Ministerio Público (…) Nosotros actuamos siempre y cuando haya una autorización del Ministerio Público cuando hay una violación y cundo está antes de las 12 semanas. Eso es lo que hacemos, se les da todo el apoyo y no se victimizan más porque tomamos la responsabilidad y desde luego se guarda la confidencialidad”.
Durante su comparecencia, Carlos de la Peña informó que en lo que va de 2019 se han practicado 20 abortos en esas condiciones.