Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
El gobierno del estado manifestó que en el proceso de pacificación de las comunidades indígenas de Chilapa “no toma partido ni excluye a nadie”, y que el trabajo que realiza para garantizar seguridad en esa zona es neutral.
Así lo dio a conocer esta tarde a través de un comunicado, luego de que por la mañana integrantes del Frente Popular Francisco Villa y autoridades de la comunidad de San Jerónimo Palantla criticaron que el gobierno de Héctor Astudillo esté apoyando a integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), pese a que han denunciado que son responsables de 15 asesinatos ocurridos en los últimos 5 años, razón por la que existen más de 60 órdenes de aprehensión en su contra.
Durante la conferencia denunciaron también que desde febrero de 2015, tras la masacre de cinco personas en la comisaría de San Jerónimo Palantla, hecho que atribuyeron a la CRAC-PF, han solicitado apoyo institucional al gobierno del estado para las familias de las víctimas, sin que sus peticiones sean atendidas a la fecha.
“En relación al conflicto derivado de los homicidios cometidos el pasado 17 de enero, el Gobierno del Estado reitera su neutralidad y afirma que su prioridad es construir una ruta para alcanzar la paz y bienestar de la población. El Gobierno del Estado no toma partido, ni excluye a nadie”, se lee en la misiva difundida hoy.
El gobierno refirió que la ruta hacia la pacificación de la región requiere de unidad, coordinación y voluntad de todos los actores sociales para atender las causas que generan la violencia; además destacó que el acuerdo que hizo Astudillo Flores con los pobladores de Alcozacán –de donde eran originarios los 10 músicos asesinados el 17 de enero- y con representantes de la CRAC-PF, es “un punto de partida” para sumar los esfuerzos de autoridades y brindar la seguridad y desarrollo que demandan los pueblos indígenas.
“La circunstancia exige trazar una ruta de acción de inmediata ejecución, a partir de la premisa de que los derechos humanos y las garantías de las personas han sido seriamente vulnerados”.
En el comunicado el gobierno del estado destacó que se da cumplimiento a los acuerdos signados el viernes pasado, y pidió a los integrantes de la Policía Comunitaria a que “también honren el compromiso” de no incitar a menores de edad a participar en conflictos armados que impidan su desarrollo integral.
“En redes sociales circula un vídeo en el que se observa a menores que realizan entrenamiento con armas de fuego, lo que contraviene los derechos de niñas, niños y adolescentes, que consagra la Constitución, Leyes y los Tratados Internacionales que México ha suscrito”.
Finalmente expresó que la situación actual de esa región exige a todos los actores una actitud conciliadora para que las familias que fueron víctimas de “un crimen tan indignante” accedan a la justicia y se alcance una paz con desarrollo para la región.