Carlos Navarrete Romero/Chilpancingo, Gro.
Organizaciones feministas exigieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que decrete cuanto antes la alerta de género por agravio comparado en Guerrero, ante la negativa del Congreso local y del gobierno del estado de reformar el Código Penal para garantizar a las mujeres víctimas de una violación el acceso a un aborto legal y seguro.
Así lo demandaron este jueves en una conferencia virtual transmitida en redes sociales en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y a más de un año de que hicieran la petición formal a la federación.
Fue en marzo de 2019 cuando las organizaciones pidieron decretar una segunda alerta por violencia de género en Guerrero, ahora por agravio comparado, a fin de que el gobierno y el Congreso homologaran el Código Penal local con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que permite que una mujer tenga acceso a un aborto en clínicas del sector público si el embarazo es producto de una violación, esto sin necesidad de presentar una denuncia y sin la autorización del Ministerio Público.
Las solicitantes denunciaron en su momento que las mujeres en la entidad enfrentan regulaciones restrictivas, obstáculos para el acceso a servicios de salud para un aborto seguro y un contexto de criminalización y estigma.
Actualmente el Código Penal, en su artículo 159, establece que el aborto no será castigado cuando el embarazo resulte de una violación, siempre y cuando se presente una denuncia ante el Ministerio Público, que a su vez deberá emitir una autorización para la interrupción del embarazo.
La solicitud fue admitida por el gobierno federal, por lo que se integró un grupo de trabajo para estudiar la situación de los derechos humanos de las mujeres en el estado que determinará si se decreta o no la alerta por agravio comparado.
El grupo -integrado por cuatro académicas, un representante de la CNDH, una del Instituto Nacional de la Mujer y otra de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)- emitió varias recomendaciones al gobierno del estado y a algunas de sus dependencias, al Congreso y a la Fiscalía General, para combatir y disminuir los índices de violencia sexual en la entidad en un lapso de seis meses. Entre éstas recomendaciones está reformar el Código Penal.
Al respecto, durante la conferencia, Viridiana Gutiérrez Solano, coordinadora del Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO), leyó un comunicado firmado por 12 organizaciones, en el que indicaron que desconocen si la CONAVIM ha solicitado al gobierno estatal información sobre la implementación de esas acciones.
Recordó que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando las autoridades no atienden las recomendaciones la Segob, por conducto de la CONAVIM, debe emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
Gutiérrez Solano advirtió que el incumplimiento del estado ha generado que persista un contexto grave de violencia feminicida en Guerrero.
Como ejemplo, refirió que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a abril del 2020 se registraron en la entidad 312 casos de violación, 389 casos de abuso sexual y 11 denuncias por aborto.
Ante esa situación, las organizaciones firmantes exigieron a la Segob que declare la alerta de violencia de género para Guerrero por agravio comparado; y al gobierno del estado le demandaron hacer públicos los avances e indicadores del cumplimiento de la primera alerta decretada en junio de 2017.
Al Congreso local pidieron reformar el artículo 159 del Código Penal del Estado para homologarlo con la NOM-06, la Ley General de Víctimas y la Ley General de Salud, para que se garantice el acceso de las mujeres a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de manera segura.
A la Secretaría de Salud le exigieron fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género en el estado, principalmente lo relacionado a la violencia sexual; mientras que a la Fiscalía pidieron fortalecer la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual, reorientar recursos económicos y materiales para mejorar la operación de la Fiscalía Especializada, así como capacitar en la materia a su personal.