Diputados y alcaldes que busquen reelección no estarán obligados a renunciar

Carlos Navarrete Romero/Chilpancingo, Gro.

El pleno del Congreso local aprobó hoy por unanimidad de votos varias reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero que tendrán aplicación para el proceso electoral local 2020-2021, en el que se renovarán alcaldías, diputaciones locales y la gubernatura.

Entre estas reformas está la que elimina el requisito de separación del cargo para diputados locales e integrantes de los cabildos municipales que busquen su reelección.

Al respecto, la Comisión de Justicia, responsable de emitir el dictamen, consideró procedente la iniciativa porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sostenido que la exigencia de separarse del cargo es inconstitucional y que la figura de la reelección supone continuidad en el desempeño del cargo, por lo que la permanencia “no implica en automático una inobservancia de las reglas aplicables que resulte en inequidad en la contienda electoral”.

En el caso de los diputados que busque su reelección, éstos deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo y no podrá participar en actos proselitistas durante el horario que funcione el Congreso ni durante las sesiones del pleno.

Para los integrantes de los cabildos, se aplicarán las mismas restricciones acorde a sus responsabilidades dentro del Ayuntamiento.

La postulación sólo procederá por el mismo partido o por cualquiera de los integrantes de la coalición que los huya postulado, salvo que renuncien o pierdan su militancia antes de la mitad de su mandato.

Otra de las reformas aprobadas establece que los servidores públicos que no ejerzan funciones de dirección, fiscalización, supervisión, ni tengan como actividad la administración de recursos o la ejecución de programas gubernamentales, no estarán obligados a separarse de su cargo para participar como candidatos en una contienda electoral.

Además, en atención a la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió al Congreso, con la que pidió considerar dentro de la normatividad local establecer requisitos mínimos de honorabilidad, capacidad, origen de los recursos y experiencia política de los aspirantes a cargos de elección popular, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, se aprobó una reforma al artículo 10 de la Ley.

Esta modificación establece que, además de los ya exigidos como requisitos de elegibilidad de los candidatos, se les exigirá no estar inhabilitados para ocupar un cargo público “por resolución ejecutoria emitida por autoridad competente” y tampoco deberán estar condenados por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.

De igual forma, se aprobó una reforma en materia de paridad en la integración de los órganos de representación popular, de tal forma que las de candidaturas de mujeres no se otorguen en aquellos municipios o distritos en los que los partidos políticos no tengan posibilidades de triunfo.

También se aprobó una reforma que establece la conformación paritaria en el Congreso (23 diputadas y 23 diputados). Al respecto, si del resultado de la elección de mayoría relativa no se obtiene la paridad de género, está deberá obtenerse, “hasta donde resulte numéricamente posible, de la lista de diputados por el principio de representación proporcional, de la cual se tomarán en un primer momento las diputaciones del género que falte hasta lograr la paridad”.

Para ese procedimiento, se iniciará por el partido que obtuvo mayor número de votación, siguiendo con el segundo y así sucesivamente de forma decreciente hasta culminar con el de menor votación. Si no se lograra la paridad, se seguirá con una segunda ronda.

Otra de las reformas de este lunes establece que cada partido político no podrá registrar simultáneamente en un mismo proceso electoral a más de cinco candidatos o candidatas a diputaciones por ambas vías (mayoría relativa y representación proporcional).

En cuanto a la elección del diputado migrante, que estaba previsto para la elección de 2021, los diputados determinaron posponerlo hasta el proceso de 2024.

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