Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Para el proceso electoral de 2021 todos los partidos políticos deberán postular candidatos o candidatas indígenas y afromexicanas en el 50 por ciento en los distritos electorales en los que haya ese tipo de población.
Así quedó establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado tras la aprobación de una reforma en materia electoral por parte del Congreso local.
Al respecto, la Comisión de Justicia, responsable de emitir el dictamen correspondiente, destacó que el objetivo es garantizar a ese sector de la población su acceso a las candidaturas para cargos de elección popular en condiciones de igualdad, en atención a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta modificación a la Ley establece como una obligación de los partidos postular a personas de origen indígena o afromexicana en, por lo menos, la mitad de los distritos en los que este sector sea igual o mayor al 40 por ciento del total de la población y conforme al último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Para el registro de estas fórmulas, el partido político o coalición deberá presentar elementos con los que acrediten una autoadscripción calificada basada en constancias, con elementos objetivos que demuestren la pertenencia al mismo y el vínculo que el candidato tiene con su comunidad.
En los artículos transitorios de la reforma aprobada se estableció que la postulación de candidaturas de origen indígena o afromexicana tendrá vigencia únicamente para el proceso electoral de 2021.
Al respecto, la Comisión argumentó que la Suprema Corte determinó que antes de llevar a cabo una modificación a las normas que impacten en esos grupos, deben realizarse consultas previas, mismas que no pudieron hacerse por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Durante el análisis de la propuesta de dictamen, los legisladores Aristóteles Tito Arroyo y Luis Enrique Ríos Saucedo, ambos de Morena, se pronunciaron en contra, pues consideraron que el dictamen es inconstitucional e ilegal al no haber consultado a los pueblos indígenas y afromexicanos de la entidad como lo establecen los estándares nacionales e internacionales.
Ríos Saucedó afirmó que con la aprobación de ese dictamen el Congreso quedaría evidenciado “con un proceder de engaño o falsedad respecto del incumplimiento de una ejecutoria del Poder Judicial”.
Finalmente llamo a todas las fuerzas políticas a no dejar en la congeladora la iniciativa de reforma constitucional presentada desde diciembre por la Comisión de Asuntos Indígenas en materia de derechos indígenas y afromexicanos, “la cual sin duda es de profundo calado y atiende el reclamo de 30 años de lucha ininterrumpida de los pueblos por el reconocimiento integral de sus derechos”.
El dictamen tuvo el voto en contra de 9 diputados y 35 votos a favor, por lo que fue aprobada por mayoría de votos.