Redacción
El ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, solicitó un amparo ante un juez del Estado de México para evitar ser detenido por la orden de aprehensión que pesa en su contra por tres delitos derivados del caso Iguala. El ex funcionario durante la administración de Enrique Peña Nieto está prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol.
De acuerdo con información de medios nacionales, el amparo se tramitó ante el Juez Octavo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México mediante un representante legal. La orden de aprehensión fue girada por un juez del estado de Guerrero por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
El amparo aun no es admitido por el juez debido a que el representante legal de Zerón de Lucio no exhibió un certificado de poder notarial en el que el ex funcionario le habría otorgado el poder para realizar solicitud de la medida, para lo cual se fijó un plazo de cinco días.
El pasado mes de mazo la Interpol inició la búsqueda de Zerón de Lucio en 190 países junto al ex titular de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, por su presunta participación en los delitos antes mencionados.
Zerón de Lucio es acusado, entre otras cosas, de manipular pruebas durante una diligencia en el Río San Juan del municipio de Cocula el 28 de octubre del 2014 en la cual habría “sembrado” restos óseos carbonizados en bolsas negras. Dichos restos fueron enviados a la Universidad de Innsbruk, Austria, para su investigación, cuyos resultados arrojaron que eran del normalista desaparecido Alexander Mora Venancio.
Dicha diligencia se llevó a cabo de forma ilegal, pues Zerón de Lucio se hizo acompañar de uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, Agustín García Reyes, El Chereje.
En abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que realizó una investigación del caso Ayotzinapa, refirió que la actuación de Zerón de Lució en el río San Juan estuvo fuera de cualquiera de los estándares mínimos internacionales de cualquier investigación, y reveló que ninguna de las actuaciones que se realizaron fueron registradas en la averiguación previa que se llevaba en el caso.