Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Las reformas recién aprobadas a nivel federal y local, que permitieron el reconocimiento en la ley de la violencia política contra las mujeres en razón de género, dejaron “huecos” que “el sistema patriarcal” podría aprovechar para beneficiarse, advirtió Karla Jannette Ortíz Gómez, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México) y experta en estudios de la mujer.
Así lo expresó la tarde de este jueves durante su participación en el conversatorio Análisis de las reformas federales y locales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
En su intervención, la académica reconoció que las reformas aprobadas recientemente representan un avance significativo para las mujeres en la lucha por la igualdad de condiciones en el ámbito político y público.
Sin embargo, explicó que esas reformas, que en el caso de Guerrero se hicieron a la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se limitan a resguardar los derechos de las mujeres en los procesos electorales y en el ejercicio del cargo, dejando de lado su participación en la vida interna de los partidos políticos.
Ortíz Gómez recordó que es dentro de los partidos donde se ejerce mayormente la violencia política, por lo que consideró necesario seguir legislando en la materia para aplicar medidas preventivas en esos espacios.
“Hablamos mucho de la violencia política solo en el proceso de elecciones y en el ejercicio del cargo, pero no queremos entrar en la formación política, hay que recordar que es en los partidos políticos donde se da mayor violencia, como negar a las mujeres el derecho a la formación o a ser titulares de algunas carteras, porque hay intereses dentro del comités que deben ser cubiertos, y el sistema patriarcal busca controlar la toma de decisiones”.
Refirió que los partidos han entrado en un proceso de “simulación” en el tema de paridad e igualdad, pues lejos de designar a las mujeres que desean participar en cargos estratégicos o contiendas electorales, nombran a quienes no son consideradas “detractoras” y puedan “manipular”.
Aunado a ello, mencionó que se ha normalizado la violencia dentro de los partidos confundiéndola con “disciplina”, pues los “favores sexuales” que se exigen a las mujeres para llegar a ocupar un cargo en los Comités son vistos como “retos” o requisitos.
“Al adoctrinar a las mujeres, al naturalizar la violencia, se considera que (los favores sexuales) son una cuota que hay que pagar. Muchas mujeres lo pueden ver como un reto y no como un acto de violencia política en su contra”.
Por ello, consideró importante que se generen mecanismos internos en los partidos para evitar que se siga violentando a las mujeres y que, dentro del concepto de violencia política en razón de género, se considere también el proceso de formación política y no sólo el de electoral y el ejercicio del cargo.
“Falta ampliar el concepto, esto no quiere decir que el tenemos no es funcional, al contrario, es bueno, pero debemos cerrar estos huecos que muchas veces los partidos aprovechan”.
En el conversatorio también participó Eva Barrientos Zepeda, magistrada de la Sala Regional en Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien advirtió que, pese a los avances que se han logrado en la lucha por la igualdad, ésta no se ha alcanzado.
Incluso, dijo que mientras más mujeres llegan a los espacios políticos y de poder, más violencia se ejerce en contra de ellas, lo que evidencia la gravedad del problema.
“Y cuando te atreves denunciar que eres víctima de violencia ésta se agrava”, señaló.
El conversatorio fue moderado por la consejera del IEPC, Cinthya Citlalli Díaz Fuentes, y el mensaje de bienvenida estuvo a cargo del presidente de ese organismo, Nazarín Vargas Armenta.