A 70 meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa

Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

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Este 26 de julio se cumplieron setenta meses de los lamentables hechos sucedidos en Iguala de la Independencia, Guerrero, y estamos a dos meses de que se cumplan seis años; cuando un 26 de qseptiembre de 2014, alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en cumplimiento a un compromiso asumido con los dirigentes de los alumnos de las escuelas rurales del país, de ser los encargados de reunir y concentrar en la Normal, alrededor de una treintena de autobuses para ser utilizados en un viaje a la Ciudad de México, ya que participarían en la marcha estudiantil programada con motivo de la conmemoración de los hechos de Tlatelolco, el 2 de octubre, y desafortunadamente durante el desarrollo de esa acción de “toma” de autobuses fueron víctimas directas de homicidios, lesiones y desaparición forzada de 43 jóvenes.

Ese día 26 de septiembre, pasadas las cinco de la tarde, salieron dos autobuses “Estrella de Oro” de Ayotzinapa con destino a Iguala, Guerrero, para “tomar” autobuses y llevarlos a su escuela; día en el que también la esposa del entonces Alcalde de esa ciudad rindió su Informe de labores como Presidenta del DIF municipal, lo que aconteció entre las siete y ocho de la noche, hora en la que ya se encontraban en ese municipio los alumnos de la Normal de Ayotzinapa.

Es así que pasadas las nueve de la noche, al circular en autobuses con estudiantes de sur a norte sobre la calle Hermenegildo Galeana y otro tramo de ésta, conocida como Juan N. Álvarez, misma que fue bloqueada en el entronque con Periférico Norte por elementos de la policía municipal, y momentos después se inician una serie de agresiones contra los alumnos que se extienden a diversos lugares de la ciudad y se prolongan hasta pasada la media noche, produciéndose disparos con armas de fuego hacía los muchachos -víctimas desarmadas-, con los resultados ya conocidos; hechos en los participaron policías municipales e integrantes de la delincuencia organizada.

Viene a mis recuerdos que momentos antes de las diez de la noche de ese fatídico día 26 de septiembre, en mi carácter de Visitador General de la anterior Comisión Estatal de los Derechos Humanos, (CODDEHUM), recibí llamada telefónica por la que me ponían en conocimiento esos hechos, lo que originó iniciar su inmediata investigación y la emisión de Medidas Cautelares solicitándose al gobierno del estado implementar las acciones urgentes para la búsqueda y localización de los jóvenes desaparecidos, así como su pronta investigación.

De igual manera en diversas partes del país y del mundo se dejaron escuchar las voces de repudio y condena a esos hechos, y la CODDEHUM, al ser un organismo local que se supone de defensa de los derechos humanos, guardaba silencio, y sin un posicionamiento sobre esos hechos; me resulta entendible, pues en ese entonces estaba de Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, ni más ni menos, que quien había nombrado al titular de la Comisión estatal; tal circunstancia fue una de las motivaciones para que, el que esto escribe abdicara al puesto, no sin antes condenar los hechos que desde un principio denuncié como violaciones graves de lesa humanidad; los medios dieron cuenta de ello.

El caso lo atrajo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), se creó una Oficina Especial que se encargó de realizar una amplia investigación que dio lugar a la emisión de la Recomendación No. 15VG/2018, identificada como el “Caso Iguala”, que a mi juicio, aporta mucha información y su cumplimiento es toral para avanzar en el caso.

No hay duda que esos hechos marcaron la historia reciente de Guerrero y México, que es un caso abierto, que la desaparición forzada sigue ocurriendo; se debe fortalecer la búsqueda de los desparecidos y privilegiar la presunción de vida, esto es, que las autoridades en sus investigaciones deben presumir que la persona desaparecida está con vida; así como el derecho a la verdad y a la justicia, para conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las circunstancias en que se cometieron los hechos, en el entendido que un delito de desaparición forzada de personas, perpetrado por servidores públicos o por particulares no prescribe por el paso del tiempo; lograr el castigo de las personas responsables y otorgar la reparación de los daños causados; mientras esto no suceda, la bandera de lucha la seguirán enarbolando las víctimas.

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