Inservibles, las pruebas del caso Ayotzinapa obtenidas por tortura, dice Beristain del GIEI

Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo

Con la comprobación de que testimonios sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron obtenidos mediante tortura, se tiene que “deconstruir” la investigación del caso pues “la tortura hace que las pruebas que ‘se tienen’ queden inservibles, no sabes ya qué es verdad ni qué es mentira, tienes que empezar otra vez todo de nuevo, para poder hacer una investigación seria y contundente”, dijo el integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain.

Este jueves, Carlos Beristain participó en el conversatorio virtual “Ayotzinapa: Hacia la verdad” organizado por Amnistía Internacional México, presentado por la directora ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, y moderado por el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa; en el que también estuvo el director de la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR por sus siglas en inglés) y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro.

Durante su intervención, Carlos Beristain recordó que a su llegada a México en marzo del 2015 – seis meses después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala –, los integrantes del GIEI se encontraron con una investigación “muy grande, la más amplia que se ha hecho en México”, la cual pasó de constar de 80 a más de 800 tomos de pruebas, peritajes y testimonios. Además de que se trataba de un caso “cerrado”. Lo primero que hicieron fue leer.

Abundó que se encontraron con la desesperación de las familias de las víctimas, que también desconfiaban de las autoridades; en ese sentido, contó que les dijeron a los expertos: “las únicas personas en las que confiamos son ustedes, no confiamos en nadie más aquí, dígannos siempre la verdad”, pero además les pidió “por favor, no se vendan”. Esas últimas palabras sorprendieron a los integrantes del GIEI pues “nunca no los habían dicho a ninguno de los cinco”.

Dijo que después, los expertos se dividieron, mientras unos permanecieron en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), otros se dedicaron al trabajo de campo, especialmente entrevistando a los normalistas sobrevivientes y a los familiares de los desaparecidos.

Señaló que durante el primer mandato del GIEI, el Estado Mexicano intentó ocultar la existencia del “Quinto Autobús”, se negó a permitir que militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala fueran entrevistados como testigos, luego de que se les ubicó en una de las escenas del crimen, y terminó por emprender una campaña de desprestigio en contra de los expertos que “estuvimos a punto de irnos pero nos quedamos por las familias”.

En ese sentido, James Cavallaro dijo que, antes del caso Ayotzinapa, la CIDH reconocía que México atravesaba una situación muy grave de violación a los derechos humanos; sin embargo, “conseguía proyectar la imagen de un país con grandes desafíos y políticas públicas que buscaban responder a los desafíos”.

Contó que entre el 2011 y el 2013, la CIDH enfrentó una crisis y en ese momento, México fue un país aliado por su colaboración y promoción de las instancias de Derechos Humanos, así como su financiamiento, pero tras analizar la situación “podría parecer que su finalidad podría ser buscar limitar la actuación contundente sobre lo que sucede en el país”.

Aseguró que después del caso Ayotzinapa “hubo un cambio marcado”, que se acentuó luego de la presentación del Primer Informe de los expertos que derrocó la “Verdad Histórica”, fue entonces cuando México “buscó formas de limitar al GIEI y empezó a desprestigiarlos para evitar que su informe cobrara relevancia”.

Carlos Beristain dijo que actualmente los expertos no están investigando el caso Ayotzinapa sólo por un tema de justicia, sino también por las madres y padres de las víctimas que representan un proceso colectivo que merece la verdad y el GIEI intenta trabajar “sin dividirlos”. “Tenemos que cuidar la relación con ellos y cuidarlos a ellos”, expresó.

Seis años de impunidad

En un análisis sobre la situación actual del caso Ayotzinapa, Carlos Beristain dijo que los familiares llevan seis años en una pelea llena de incertidumbres en la que la única certeza que tienen los expertos es que Alexander Mora Venancio está muerto, pero aún quedan muchas interrogantes por resolver.

Manifestó que “la insensibilidad del Estado Mexicano” quedó plasmada en el video de despedida del ex presidente Enrique Peña Nieto, en el que les pidió a los familiares de las víctimas que aceptaran la “Verdad Histórica”; en contraste el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha mostrado disposición “desde antes de llegar al poder” para resolver el caso.

Sin embargo, consideró que AMLO “generó muchas expectativas” al decir que facilitaría expedientes del Ejército, la búsqueda y en general, toda la investigación, lo cual no ha cumplido.

Dijo que a lo largo de estos años, las madres y padres han recibido golpes, impactos, con cada nuevo detalle del caso que los coloca en una posición vulnerable, “hay un cansancio obvio en los familiares y por eso debemos redoblar esfuerzos para llegar a la verdad”.

“La pandemia supone un impacto añadido a lo que viven, por la imposibilidad de verse. El hecho de que sigan activos y de mantener el proceso colectivo, la exigencia de respuestas es importante, también el nuevo mandato del GIEI a pesar de que hizo durante la pandemia, supone que por lo menos habrá supervisión y acompañamiento internacional”, concluyó.

Aguirre Espinosa señaló que las autoridades también han incumplido en el acuerdo con los familiares de las víctimas sobre que no podrían hacer pública ninguna información del caso, antes de que dar a conocer los datos a las madres y padres; sin embargo, recientemente el Gobierno Estatal de Baja California dijo que Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 normalistas desaparecidos, habría sido visto en Mexicali.

Esto fue interpretado como un “acto irresponsable” que impacta de manera negativa a las familias.

El conversatorio fue transmitido en la página oficial de Facebook de Amnistía Internacional México, según Tania Reneaum más de 150 personas de México, Argentina, Canadá y Alemania siguieron el evento en vivo.

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