Marchan en Tlapa a un año de la desaparición del activista Arnulfo Cerón

Ángel Galeana/Chilpancingo

Integrantes del Frente Popular de Tlapa respaldos por normalistas de Ayotzinapa y organizaciones sociales marcharon para exigir “verdad y justicia” por el crimen del activista Arnulfo Cerón Soriano, quien fue privado de su libertad el 11 de octubre del 2019, y localizado en una fosa clandestina el 20 de noviembre.

Arturo Campos, quien fuera coordinador regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias del Estado de Guerrero (CRAC), y ahora integrante de un frente por la liberación de presos políticos, denunció que el municipio y el estado son responsables del crimen, ya que en una reunión que sostuvieron con el gobernador, Héctor Astudillo Flores y con el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, fue amenazado.

El contingente inició la marcha a la altura del mercado nuevo avanzando por la principal avenida de Tlapa y gritando consignas de justicia por el caso de Arnulfo Cerón, pero también por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Arribaron al zócalo y se instalaron a las afueras del ayuntamiento para realizar un mitin que se prolongó por espacio de hora y media.

Ahí, Arturo Campos aseguró que los dos funcionarios de mayor nivel del Gobierno de Guerrero amenazaron Arnulfo Cerón, por lo que, al igual que el Gobierno municipal, son responsables de su desaparición y asesinato.

“En una negociación que tuvimos, aquí está Tlachinollan, aquí están otros compañeros que estuvieron con nosotros en la negociación con el gobernador, el secretario de Gobierno Florencio Salazar, donde el compañero lo señalaron y lo amenazaron, eso está claro compañeros, que el estado tuvo que ver con la desaparición de nuestros compañeros. A mí no me importa decir las cosas aquí, como es”, denunció el activista.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que a raíz de la desaparición de Arnulfo Cerón se evidenció que en la zona de Tlapa y sus alrededores había cientos de desaparecidos. Actualmente, el organismo tiene documentados 60 casos.

Denunció que había “permiso para matar” en Tlapa debido a que las fosas clandestinas que se localizaron en los últimos meses, como en la que localizaron el cadáver de Arnulfo Cerón, se hicieron con máquinas, las cuales debieron contar con permisos de autoridades para operar.

Por la desaparición y asesinato del activista han sido detenidos dos hombres y una mujer. Teresa “N” fue capturada en octubre del año pasado, a quien se le acusó de ser la persona con la que se reuniría Arnulfo Cerón el día de su desaparición. También detuvieron al presunto líder del grupo delictivo que operaba en Tlapa, identificado como Jorge “N” alías La Chiva, tras un enfrentamiento en el estado de Morelos, ocurrido el mes de noviembre.

El último en ser capturado fue Marco Antonio García Morales, El Tony, quien era el jefe de gabinete del ayuntamiento de Tlapa. Se le dictó prisión preventiva por la desaparición del activista en diciembre del año pasado.

En un comunicado, Tlachinollan señaló que, aunque el caso de Arnulfo presenta algunos avances en el proceso, falta que los culpables materiales e intelectuales sean sentenciados, se repare el daño y se implementen medidas de no repetición.

“El reto de las autoridades estatales y federal será desplegar medidas para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Deberán aprovechar la coyuntura del caso de Arnulfo para generar las condiciones que impidan que el crimen organizado se vuelva a enraizar en la montaña con su cauda de violencia y muerte”.

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