Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
A siete años del asesinato de la dirigente Rocío Mesino Mesino, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exige al Gobierno Federal garantías para el esclarecimiento de su asesinato y su lucha de «justicia y verdad».
Mediante un comunicado, la OCSS recordó que Rocío Mesino “se enfrentó al cacicazgo de Rubén Figueroa Alcocer” por mejorar las condiciones de vida, en defensa de los derechos humanos de campesinos de Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande de Guerrero.
Además, luego de la matanza de campesinos en 1995, en la comunidad de Aguas Blancas, también luchó por la liberación de los presos políticos, así como por las víctimas.
Su participación como activista llegó a la defensa del territorio, particularmente de los bosques donde la tala inmoderada afectaba el medio ambiente; sin embargo, “la gran corrupción provocó que las denuncias se perdieran en el sótano gubernamental del estado de Guerrero en complicidad con las instancias federales como SEMARNAT y PROFEPA”.
La OCSS señaló que Rocío Mesino representó “la voz de los sin voz, ante las arbitrariedades de los policías y agentes fiscales que hostigaban campesinos, rompió el miedo de hablar, protestar y manifestarse de la gente luego de vivir la represión del Ejército” durante la década de 1970, época en la que se registraron torturas y desapariciones forzadas de más de 500 campesinos.
Además, se reunió con organizaciones democráticas, independientes y de derechos humanos, incluso en Europa, donde recorrió más de diez países para visibilizar lo que se vivía en Guerrero, lo que la llevó a mudarse varias veces “pues era blanco de persecución, se intensificó el hostigamiento a la OCSS, la mano tenebrosa del figueroismo encarcelados y asesinados a muchos compañeros”.
Por otra parte, la organización resaltó que Rocío Mesino pasó un tiempo en la cárcel de Acapulco, bajo los cargos de secuestro y asesinato que nunca se le comprobaron, pero “la dinastía figueroista no iba a descansar por quitarse de encima a la defensora de los campesinos pobres de la Sierra de Atoyac” quien terminó por ser asesinada “por la espalda el 19 de octubre de 2013.
Denunció que a la fecha “el caso se encuentra archivado y sin avances” en la Fiscalía General del Estado (FGE) “cómplice y alfil de quien detenta el poder”; además acusaron a su titular, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, de no tener interés en resolver los crímenes.
“Vemos con preocupación la actitud dilatoria del Gobierno Federal, que en temas de corrupción en el sistema de justicia todo sigue igual, a dos años del nuevo gobierno tal parece que quiere que su frase perdonar y olvidar se haga realidad, pero en Guerrero hay una herida abierta”, expresó.
Ante las circunstancias, la OCSS exigió al Gobierno Federal garantías para continuar con su lucha y reprobó la supresión de medidas de seguridad a defensores de derechos humanos y periodistas, “que por las condiciones de violencia en Guerrero siguen en peligro latente”.