Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Feministas y defensoras de derechos humanos en el estado y el país, demandaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que ejerza su facultad de veto a la iniciativa de la Comisión de Justicia del Congreso local con la que presuntamente se pretenden imponer más restricciones para que las mujeres víctimas de una violación sexual accedan a un aborto
Este lunes en conferencia de prensa virtual, las activistas reiteraron su preocupación por dicha iniciativa, pues advirtieron que no sólo revictimizará a las mujeres, sino que también se les obligará a una maternidad forzada o a practicarse un aborto en la clandestinidad.
De acuerdo con las feministas, la Comisión de Justicia, presidida por el priista, Omar Jalil Flores Majul, aprobó una propuesta de dictamen para reformar el artículo 159 del Código Penal del Estado, con la que plantea que, además del Ministerio Público, también la Secretaría de la Mujer y el DIF estatal intervengan en los caso de violación sexual, burocratizando más el proceso de atención a las víctimas; que las menores de edad acudan con sus padres a denunciar -pese a que muchos casos los agresores son miembros de su familia- y que el médico que realice una interrupción del embarazo sin autorización sea sancionado.
Otra de las restricciones que plantea esa propuesta es que el aborto en casos de violación se aplique sólo hasta las 12 semanas de gestación, esto a pesar de que actualmente el Código Penal no establece una temporalidad.
La iniciativa, que se espera sea presentada el jueves ante el pleno del Congreso, es impulsada por los diputados Omar Jalil Flores Majul (PRI), Guadalupe González Suástegui (PAN), Servando de Jesús Salgado Guzmán (PRD) y Ossiel Pacheco Salas (Morena), presidente y vocales de la Comisión de Justicia.
“Las mujeres y niñas embarazadas por violación sexual tienen que denunciar previamente el delito ante una agencia del Ministerio Público para acceder a un aborto, limitándolo hasta las 12 semanas, cuando son las y los servidores públicos de esta institución los que se niegan autorizarlo o bien alargan burocráticamente los trámites para que no se practique, privilegiando sus creencias religiosas y condenando a las mujeres a abortos clandestinos”, explicó Marina Reyna Aguilar.
Indicó que Guerrero se encuentra entre los tres primeros lugares a nivel nacional en embarazo infantil y adolescente -junto con Chiapas y Durango- y comentó que sólo en los últimos 10 meses, 3 mil 81 mujeres guerrerenses menores de edad tuvieron hijos.
También señaló que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), del 1 de enero al 26 de octubre de 2020, mujeres de entre 9 y 17 años tuvieron un embarazos que culminó en nacimiento, siendo Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Tlapa, Zihuatanejo e Iguala, los municipios con más casos.
“Los datos anteriores muestran el contexto de violencia de los derechos sexuales y reproductivos en la entidad, que se agudiza con la iniciativa de las y los diputados, sin que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, se oponga a ello, ya que omitió como ejecutivo la recomendación de la Secretaría de Gobernación federal para coadyuvar en este proceso de garantizar justicia a las mujeres y niñas víctimas de embarazos producto de violencia sexual”.
En su intervención, la activista, Viridiana Gutiérrez Solano, aseguró que en los trabajos de la Comisión de Justicia hay ingerencia de grupos religiosos y conservadores, que son alentados por la legisladora del PAN, Guadalupe González; y criticó que a la fecha los diputados no hayan escuchado aún la opinión de médicos y especialistas en la materia para advertir los riesgos que corre una menor edad durante un embarazo.
Afirmó que la reforma al artículo 159 del Código Penal, en los términos que promueve la Comisión de Justicia, obligará a las mujeres a «parir a los hijos de sus violadores».
Ante esa situación, que calificaron como un “atentado a los derechos humanos de las mujeres y las niñas”, exigieron a Astudillo Flores que, en caso de que el Congreso vote a favor de la reforma, ejerza su facultad de veto para que no sea aplicada.