Protestan feministas en Tlapa contra restricciones para acceder al aborto

Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.

Colectivos y organizaciones civiles de mujeres en la Región Montaña protestan en el Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort para exigir al Congreso del Estado que rechace el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia, que pretende reformar el artículo 159 para incluir más restricciones al acceso a un aborto legal.

Alrededor de las 11:30 de la mañana las manifestantes se reunieron frente al Palacio Municipal portando pancartas en contra del “retroceso” que representa el dictamen elaborado por la comisión que preside el diputado priista, Omar Jalil Flores Majul.

Durante la manifestación, las organizaciones que trabajan con víctimas de violencia sexual en la Montaña reprobaron la referida reforma debido a que “es regresiva y violenta la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes”.

Recordaron que hace unos días emprendieron una campaña, mediante redes sociales, para visibilizar la violencia que sufren las niñas, especialmente en esa zona de Guerrero, con el objetivo de que las autoridades “se sensibilicen y sepan que a quien afectan con sus decisiones morales y religiosas es a las víctimas que ya han sufrido una violación y encima les quieren poner más candados para que no accedan a un derecho ganado hace muchos años y que hoy el Congreso del Estado pretende desparecer”.

Señalaron que tienen conocimiento de que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y funcionarios están buscando a las víctimas que presentaron sus testimonios, en ese sentido “queremos decirle que las niñas somos todas, que somos muchas las víctimas a quien el sistema de justicia no cree, a quien rechazan en las instancias de gobierno cuando solicitamos ayuda, y que muchas aún se quedan calladas por el miedo a que la violencia sea peor”.

Las activistas resaltaron que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), este año Guerrero está entre los tres estados con más casos de embarazo infantil, con un total de 3 mil 81 mujeres menores de edad que han parido un hijo y esto, según el Instituto Nacional de las Mujeres, “es producto de la violencia sexual”.

Además, Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional en matrimonio infantil, según datos publicados por ONU Mujeres y desde 2017 hay una Alerta por Violencia de Género debido a la violencia feminicida; sin embargo, de acuerdo con la CONAVIM, sólo se ha cumplido con el 32% de su aplicación.

Por otra parte, en el 2019 se declaró la Segunda Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, proceso del que se deriva la homologación de la NOM-046, lo cual no tomó en cuenta la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

“Frente a la violencia sexual que priva en Guerrero, es necesario que las reformas y legislaciones que se impulsen desde el Congreso del Estado evidencien el compromiso con las mujeres guerrerenses y las modificaciones sean progresivas no regresivas”, expresaron las manifestantes.

De acuerdo con las activistas, la reforma al artículo 159 que proponen los diputados restringiría innecesariamente el acceso a servicios especializados de salud para las mujeres guerrerenses, pues limitaría el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, contraviniendo lo establecido en la Ley General de Víctimas y la NOM-046 Sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres; así como los tratados internacionales como el del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Ante las circunstancias, las manifestantes exigieron al Congreso del Estado de Guerrero emitir un voto en contra de esta reforma “y ponerse del lado de los derechos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia”.

También pidieron que se convoque a un Parlamento Abierto para escuchar a las víctimas, a las organizaciones sociales y feministas, a la ONU, así como a médicos y expertos en la materia, para tomar una decisión que garantice los derechos de las mujeres, “alejada de creencias religiosas o de la postura de grupos conservadores”.

Al gobernador le exigieron que atienda su compromiso de cumplir con las medidas de las alertas declaradas para Guerrero, que se reúna con las organizaciones peticionarias y llame al Congreso del Estado a legislar bajo el principio de que los derechos humanos deben ser progresivos y no en retroceso.

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