Padres de los 43 exigen que capitán Crespo sea juzgado por desaparición forzada

Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos expresaron su preocupación de que el capitán del Ejército, José Martínez Crespo, señalado como uno de los principales implicados en el caso Iguala, quede en libertad, luego de que negociara su entrega a las autoridades.

Ante esta situación, demandaron al Juzgado Segundo de Distrito con sede en Toluca, Estado de México, que lo juzgue y le dicte un auto de formal prisión por el delito de desaparición forzada y no sólo por delincuencia organizada, como lo solicitó la defensa del mando castrense.

José Martínez Crespo se entregó a las autoridades la noche del pasado miércoles a cambio de que fuera recluido en las instalaciones del Campo Militar 1-A y se le juzgue únicamente por el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con estudiantes que sobrevivieron a los hechos de hace seis años, la noche del 26 de septiembre el capitán irrumpió en el Hospital Cristina, a donde los normalistas acudieron para pedir atención médica tras resultar heridos durante los ataques a balazos que sufrieron; posteriormente los encerró en ese lugar y exigió que proporcionaran sus nombres bajo la amenaza de que sus familias nunca los encontrarían.

Al respecto, este lunes los padres y madres de los 43 ofrecieron una conferencia de prensa virtual en la que reconocieron los avances en las investigaciones que realiza el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo advirtieron que no están satisfechos, ya que aún nada se sabe del paradero de sus hijos.

En su intervención, Clemente Rodríguez, padre del estudiante Christian Alfonso Rodríguez, manifestó que hay elementos suficientes para que Martínez Crespo sea juzgado por la desaparición de los normalistas, pues recordó que él estaba al frente del 27 Batallón de Infantería cuando ocurrieron los hechos y tuvo acceso a todos los reportes de las diferentes corporaciones de seguridad.

También refirió que el mando militar fue señalado en reiteradas ocasiones, en lonas colocadas en varios puntos del estado, de trabajar para el grupo delictivo Guerreros Unidos y de su implicación en la desaparición de los jóvenes.

“Él sabe dónde están los 43 estudiantes y debe pagar con todo el peso de la ley, ojalá el gobierno mexicano se ponga las pilas y no les vaya a pasar como a los policías que los agarran y ciertos jueces los liberan, esa es la preocupación que tenemos ahora, que lo dejen en libertad”.

Advirtió que en caso de que exista la pretensión de liberarlo, los padres y madres se movilizarán para ejercer presión a las autoridades.

Por su cuenta, Mario César González Contreras, padre de otro de los estudiantes, indicó que las organizaciones que los respaldan y han dado acompañamiento al caso están en la disposición de entregar al juzgado las pruebas necesarias para que el capitán sea castigado por la desaparición de sus hijos.

“Queremos pedirle al juez segundo de distrito con sede en Toluca que sea responsable y revise prueba tras prueba y se le dicte auto de formal prisión. Ese señor tuvo conocimiento del ataque a nuestros hijos y no hizo nada. Sabemos que está vinculado con el crimen organizado y estaba en la nómina de la delincuencia. Es justo que tengamos un poco de justicia y no se nos trate como tontos como lo han querido hacer todo este tiempo”.

Denunció también que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha cumplido el compromiso de entregar toda la información con la que cuenta respecto al caso Iguala a la Comisión Especial que integró el gobierno de la república para investigar el caso, y que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

“Para nosotros es importante que se le dicte auto de formal prisión y se les someta a proceso, para que nuestros abogados presenten las pruebas y sea responsabilizado por la desaparición de los muchachos, creo que es lo justo. Nuestros hijos no están en negociación señores de la Sedena, haremos lo que tengamos que hacer”.

Durante la conferencia los padres dieron lectura a un comunicado en el que afirmaron que Martínez Crespo estuvo a cargo de los operativos y patrullajes que se realizaron en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014; además de que recabó pruebas de los ataques a los normalistas que no proporcionó a las autoridades investigadoras.

“Lo anterior es suficiente para que sea sometido a proceso por desaparición forzada, por omitir deliberadamente las pruebas, por no prevenir las agresiones y ocultar evidencias que hubieran permitido conocer el paradero de nuestros hijos. Hoy se debe actuar con responsabilidad, analizar las pruebas y dictar auto de formal prisión para que rinda cuentas”.

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