Ángel Galeana/Chilpancingo
El Consejo General de la Junta local del Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad de aspirantes, candidatos, servidores electorales y ciudadanía en el proceso electoral para evitar que grupos fácticos intervengan a través de hechos de violencia.
El presidente del Consejo, Dagoberto Santos Trigo, leyó el posicionamiento en el que señaló que las elecciones entre hechos de violencia alteran los principios democráticos.
«Unas elecciones bajo las balas, bajo la presión de grupos fácticos ilegítimos o en situaciones de extrema peligrosidad, no solo para las y los actores políticos participantes, sino también para todos quienes intervenimos en la organización de las elecciones, es un hecho que altera enormemente los principios democráticos que deberían prevalecer y hacen extremadamente complicada la operación logística para la implantación de los procedimientos electorales y sus resultados finales», señaló.
El llamado a la seguridad del proceso electoral lo hacen tras el asesinato de Antonio Hernández Godínez, quien era aspirante a la presidencia municipal de Chilapa, quien fue ejecutado el pasado 25 de noviembre, y quien, según la dirigencia del PRD, era el mejor posicionado para participar en el proceso.
Dagoberto Santos señaló que dicho crimen es una señal que enrarece el escenario político, aún si los motivos no están relacionados con la participación electoral.
Dijo que la expectativa que tienen de las autoridades de los tres órdenes de gobierno es que tengan «la suficiente coordinación» para que el escenario durante las precampañas, intercampañas, campañas y jornada electoral sea de protección a la vida e integridad física de la sociedad guerrerense.
Advirtió que las elecciones pueden estar bajo sospecha, no por sus procedimientos, sino «por la idea criminal del exterminio político radical que presenta el hecho de la desaparición física de quienes compiten y, en consecuencia, de la ausencia de nuestra capacidad como sociedad para procesar el conflicto político por la vía civilizatoria del voto popular».
En su intervención, el consejero, Hegel Mariano Ramírez, consideró que los crímenes que ocurren en torno al proceso electoral son por la lucha del poder político, lo cual calificó como grave debido a que impide el ejercicio del derecho de los ciudadanos tanto de participar como aspirantes como de tener opciones políticas, que en algunos casos, son impuestas por intereses oscuros.
«El proceso electoral se vuelve en un objeto para obtener lo que ellos quieren y no podemos dar por alto está situación», advirtió.
A pregunta de reportero, Dagoberto Santos indicó que no han sido convocados por el gobierno de Guerrero para participar en la actualización de un mapa de riesgos para el proceso electoral, el cual se implementó en 2018.
Y es que el pasado 25 de noviembre, durante su comparecencia ante el Congreso local, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, indicó que actualizarían el mapa de riesgo electoral tras reconocer que «existen lugares que son riesgosos de visitar no solo para candidatos, sino para cualquier persona».