Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
Desde el 2015 y hasta mayo del 2021, suman 31 carpetas de investigación abiertas en Guerrero por el delito de aborto, el 2019 fue el año con más casos registrados con un total de 11, así lo indican las cifras de Incidencia delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Las 31 carpetas de investigación se traducen en 31 mujeres que podrían ser encarceladas por haber cometido el considerado “delito contra la vida”, cuyas penas oscilan entre los 3 y 4 años de cárcel, para mujeres que se practiquen un aborto y las personas que las apoyen, incluidos médicos y sus auxiliares, según lo establecido en el Código Penal Estatal.
Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano de las Violencias Contra las Mujeres de Guerrero (Obvio Guerrero), Viridiana Gutiérrez Sotelo, la experiencia señala que “ningún médico, ningún personal de salud ha sido criminalizado nunca en la historia del tema de aborto en el país, la culpa siempre recae en las mujeres que toman las decisiones”.
Viridiana Gutiérrez forma parte del Grupo de seguimiento de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para Guerrero, que se declaró en junio del año pasado. Antes, en mayo del 2019, las autoridades estatales informaron a las feministas que las carpetas de investigación por el delito de aborto estaban “detenidas” y no había órdenes de aprehensión.
Acapulco, San Luis Acatlán, Zihuatanejo, Arcelia, Iguala, Taxco, Chilapa y Chilpancingo están entre los municipios con mayor número de delitos de aborto registrados en las carpetas de investigación; cinco de ellos cuentan con Alerta de Violencia de Género, lo cual “no es casualidad”, dice Viridiana Gutiérrez.
Sin embargo, la activista y representante de Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, detalló que la mayoría de las mujeres señaladas por el delito de aborto, “por lo general”, viven en zonas urbanas, tienen acceso a internet, una educación universitaria y “a muy pocas” se les vincula a proceso, aunque sí son víctimas de criminalización.
En contraste, mujeres de zonas urbanas pobres, indígenas rurales, que están en pobreza extrema y no hablan español, en suma “que no se pueden defender”, han sido encarceladas por delitos relacionados al aborto: homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio u omisión de cuidado; a pesar de que sufrieron aborto espontáneo, parto prematuro y emergencias obstétricas, los cuales no son delitos.
Las Libres han encontrado a más de 200 mujeres en prisión en todas las cárceles del país, por delitos relacionados al aborto, desde el 2000 hasta la fecha, “ningún estado se salva, todos los estados tienen esta problemática” y “nunca hemos encontrado un médico (encarcelado), siempre son mujeres”.
“Es muy difícil comprobar el delito de aborto”, resalta Verónica Cruz, por ello las carpetas de investigación registradas por el SESNSP, se mantienen abiertas, sin que se continúe el proceso jurídico correspondiente.
Acceder al aborto en Guerrero, una odisea
En noviembre del 2020, Guerrero se encontraba en Semáforo Epidemiológico Naranja, apenas comenzaba a verse una disminución de contagios y hospitalización por Covid-19. Ese mismo mes, Ana supo que tenía un embarazo anembrionado, es decir, no tendría un bebé.
Por definición, “un óvulo huero, también llamado embarazo anembrionado, ocurre cuando un embrión nunca se desarrolla o deja de desarrollarse, es reabsorbido y deja un saco gestacional vacío”. Las causas médicas se desconocen, pero se relacionan principalmente a anomalías cromosómicas en los óvulos.
Ana vivía en un municipio de la Costa Grande, acudió a una clínica privada donde le confirmaron que tenía 6 semanas de gestación, pero “sin producto”, por lo que era necesario que se sometiera a un legrado que tendría un costo de 8 mil 800 pesos, pero su situación económica le impedía pagar esa cantidad por la intervención que necesitaba.
Con el apoyo de su pareja, buscó opciones y supo que su caso podía ser atendido en un hospital público.
De acuerdo con el Código Penal Estatal, la penalidad del aborto es “excluyente” en cuatro escenarios, entre ellos, “cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora”.
Ana acudió a dos hospitales públicos, en el primero, le indicaron que sí podían practicarle el legrado pero ella debía conseguir Misoprostol, colocárselo vía vaginal y llegar al lugar una vez que comenzara a sangrar. Eso la asustó, temió morir si algo salía mal en su trayecto. En el segundo nosocomio, le informaron que el médico que podía realizar el procedimiento no se encontraba en la ciudad.
“Ya soy mamá, ya tengo una responsabilidad, por esta situación yo decidí acudir a la clínica privada y así fue como lo resolví”, contó Ana a Réplica, para ella, el aborto “no debería estar penalizado para que quienes, como yo, necesiten hacerse una interrupción lo hagan con todas las medidas y bajo el cuidado de algún médico o médica”.
“La aprobación del aborto no obliga a nadie a hacerlo, sino que crea el derecho de hacerlo y, como lo dije, bajo los cuidados necesarios; yo como muchas más tenemos la esperanza que nuestras autoridades sean conscientes y aprueben esta Ley en todo el país porque nos urge, los índices de decesos por esta causa son alarmantes y no podemos seguir bajo estas condiciones solamente por la creencia de unos cuantos”, reflexionó.
Para la coordinadora de políticas y abogacía en IPAS (Salud, Acceso, Derechos) México, Fernanda Díaz de León, “la penalización del aborto no evita los abortos, la penalización del aborto lo único que hace es violentar a las mujeres de muchas formas, negándoles servicios a los que tienen derecho, pero también, negándoles la capacidad de decidir, de tomar decisiones y de delinear un proyecto de vida”.