Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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El 27 de enero de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creó una oficina especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política del Estado durante el pasado reciente, con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido en los casos de detenciones arbitrarias, tortura, asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por agentes del estado mexicano, al constituir crímenes de lesa humanidad.
Ahora bien, en el marco del trabajo de la citada oficina, hace días publicó el informe sobre la violencia política de Estado en México, que alude al marco histórico objeto de sus investigaciones, determinando el periodo temporal y los casos concretos a investigar durante el pasado reciente, que abarcará los años de 1951 al 2016; dicho informe es consultable en la página web de la CNDH.
Como antecedente se hace referencia a la violencia ejercida por el Gobierno mexicano hacia sus disidentes políticos, y que las investigaciones darán cuenta de una temporalidad de poco más de medio siglo y se extiende, como mínimo, hasta 1951, al considerarse que los crímenes de lesa humanidad, con lo que se ha investigado por esa oficina hasta el momento, ocurrían desde ese año en nuestro país; se alejarán de las expresiones “Guerra Sucia” y “Terror de Estado”, al no estar sólidamente asentadas en el marco jurídico como crímenes o delitos.
Se hace énfasis que en la citada temporalidad, durante los años de 1960 hasta mediados de 1980, acontecieron graves violaciones a derechos humanos perpetradas por un aparato represivo coordinado desde el Estado, mediante acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular, ejecutándose de manera especialmente cruenta en Guerrero, donde el Ejército fue el principal actor, al ser involucrado en labores de policía, como lamentablemente aún prevalece en la actualidad.
En ese periodo se suscitaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violación y atentados al pudor, ejecuciones extrajudiciales, toma de rehenes, pillaje, amenazas de cometer crímenes de guerra, campos de concentración como en el cuartel de Atoyac y el campo militar No. 1, entre otros; consideradas como características de la violencia política de Estado en México que permanecieron a lo largo de décadas.
Sin duda que en esa investigación se deberá tener en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el cual, precisamente en su artículo 7º regula los crímenes de lesa humanidad, en cuya categoría encuadran los arriba citados.
Aunado a que en el citado documento alude a que existe una deuda histórica con todas esas víctimas que se debe resarcir, y que comprende desde mediados del siglo XX hasta bien entrado el siglo XXI, con las masacres de Atenco y Nochixtlán, a las que podrían agregarse los hechos ocurridos en Iguala en 2014, por una razón clara de abrirle paso a la memoria, y de tener acceso a la verdad y la justicia que merecen las víctimas.
Resulta muy importante que en dicho marco histórico se hace ya un recuento de los ciudadanos con nombres de las víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y desapariciones por sus ideas políticas perpetrados por fuerzas del estado que se remontan al periodo comprendido de 1929 a 2016.
Se realiza una cita cronológica de los diversos casos sucedidos en México, en los que desde luego sobresalen los perpetrados en diferentes puntos de Guerrero, sobre todo en la región de la Costa Grande, en las acciones de contrainsurgencia.
Este informe que se comenta sobre el marco histórico en el que se centran las investigaciones, resulta muy amplio, que espero haya tiempo en la actual administración de la CNDH para abordarlo, y sea punto de partida para realizar las propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y sus familiares, recomendar reformas institucionales, legales, educativas y de memoria, como garantías de no repetición.