Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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Diversas notas periodísticas han venido difundiendo información sobre la utilización en México de un programa de software israelí denominado Pegasus, para espiar a políticos, defensores civiles de derechos humanos y periodistas, entre otros, de una lista de 15,000 celulares, de acuerdo con la investigación de la organización francesa Forbidden Stories.
Estas actividades de espionaje al no tener una justificación válida, o ser emanadas de órdenes judiciales o no tener alguna razón de Estado, las convierte en conductas violatorias a los derechos fundamentales a la intimidad y a la privacidad de las personas, además de representar una amenaza al pleno ejercicio de la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos.
La empresa NSO Group, líder de ciberespionaje, afirma que el uso del software de acuerdo con la licencia, fue creado para vigilar a terroristas y criminales que atenten contra la seguridad de los Estados.
Es de importancia y trascendencia este hecho, sobre todo si consideramos que nuestro país resulta ser uno de los más peligrosos en el continente para ejercer el periodismo, sumado a que las y los defensores de derechos humanos y periodistas enfrentan agresiones cada vez más graves, por medios directos, como el secuestro, la desaparición y hasta el homicidio.
Resulta oportuno mencionar, que en nuestro país la intervención de las comunicaciones no está prohibida, pero debe revestir de un toque de legalidad y pasar por el tamiz de un juez de control; lo anterior es así, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 16, que: “Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración… Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.”
En tales circunstancias, para que se dé una intervención legal a una comunicación privada, necesariamente requiere de una orden judicial, de lo contrario, estaríamos en presencia de una conducta violatoria de derechos humanos y la comisión de un delito que amerita su investigación y respectiva sanción.
Por ello, el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser excepcional, selectivo y ceñirse a los fines de la investigación de delitos graves así definidos en la ley, y contar con control judicial.
Sobre este tema, ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha manifestado su grave preocupación ante las denuncias realizadas por la referida organización y pide la investigación de las mismas; incluso, estos hechos ya son materia de una investigación que se encuentra en trámite desde hace cuatro años a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por cierto, hace una década, tuve conocimiento de una lista de números de teléfonos móviles que se filtró del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en la que aparecían números de varios defensores de derechos humanos y líderes sociales de Guerrero, y recuerdo que al comentarle al ya fallecido dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, (FODEG), Dr. Bertoldo Martínez Cruz, de que estábamos en esa lista del CISEN, de manera irónica me reviró el comentario diciendo: “…que estamos en el INSEN?, que bueno!!!”
Esperemos que se investiguen estas prácticas ilegales, se sancione a los responsables y se eliminen por completo.