Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 denunciaron que el gobierno federal les ocultó información relacionada al caso, en referencia a las comunicaciones que sostuvieron autoridades policíacas y líderes criminales durante y después de la noche de los hechos.
También expresaron su preocupación porque esa misma información se hizo pública pese a tratarse de un tema delicado y advirtieron que, al ser expuesto, compromete el éxito de las investigaciones del caso.
A través de un comunicado, los padres y madres de los normalistas desaparecidos fijaron un posicionamiento luego de que ayer la Secretaría de Gobernación hizo pública las comunicaciones interceptadas del 26 de septiembre a 4 de octubre de 2014 entre el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares y Gildardo López Astudillo alias “el Gil”, líder del Grupo criminal Guerrero Unidos, en las que se revela que que sus hijos habrían sido entregados por la policía municipal de Iguala a miembros del grupo delictivo Guerrero Unidos, quienes posteriormente los privaron de la vida.
“Las madres y padres de familia nos preocupa la publicación de información sensible de la investigación que puede comprometer su éxito, aunado a que los familiares ni los representantes se les permitió el acceder a la misma previo a su publicación y tampoco a las cinco madres y padres que conforman la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) se les consultó sobre tal proceder”, se lee en la misiva.
Además reiteraron que el ejército tenía información en tiempo real de lo que acontecía entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 y que no lo informó a las autoridades ni tomó medidas para prevenir la desaparición de los jóvenes.
“De igual forma desde el año 2018 a la luz de las obligaciones que tenía por el decreto presidencial que creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la justicia omitió dar esta información a las autoridades que investigan el caso”.
Indicaron que esas circunstancias fortalecen su demanda de abrir una investigación “exhaustiva” contra elementos del ejército para deslindar su responsabilidad directa o indirecta en la desaparición de los normalistas.