Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
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El pasado diez de noviembre el Congreso del estado aprobó la convocatoria para el proceso de selección y designación del Fiscal General de Guerrero (FGE), ello una vez presentada la renuncia del maestro Jorge Zuriel de los Santos Barrila; se convoca a las ciudadanas y ciudadanos que estén interesados y a la vez cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la constitución política del estado, para que se registren y participen en este ejercicio, que estará a cargo de la junta de coordinación política.
Así, la JUCOPO, previa valoración de los casos, elaborará una lista de al menos diez candidatos para ser enviada a la gobernadora del estado para que formule una terna que enviará al congreso.
Cada integrante de la terna deberá comparecer ante los diputados y exponer su plan trabajo, corresponderá al pleno la designación de quien ocupará la titularidad de la Fiscalía de Guerrero, para un periodo de seis años, improrrogables.
Los artículos 114 y 142 de la constitución política de guerrero, expresamente señalan que “el fiscal general durará en su encargo seis años improrrogables”, periodo que no cumplió el maestro Zuriel de los Santos, pues renuncia al faltarle dos años y medio para concluir la temporalidad para la que fue designado; y, más allá de polemizar si se nombrará a un suplente o interino, en este caso estamos frente a una ausencia definitiva y no ante una temporal o suplencia momentánea, como las que regula el artículo 23 de la ley orgánica de la fiscalía.
Ante este contexto, la consecuencia legal y lógica es, que el Congreso designe a un nuevo Fiscal de acuerdo con el procedimiento que la propia Constitución Política de Guerrero regula y deberá durar en el cargo, precisamente seis años, de acuerdo con lo señalado expresamente en la referida Constitución. Lo anterior, salvo que haya dilación en designarlo, y en este supuesto el Congreso sí tiene facultades para designar a un Fiscal con carácter de provisional, hasta que se realice el nombramiento definitivo; incluso quien sea designado provisionalmente podrá formar parte de la terna de la que se elegirá al nuevo titular.
Son tiempos de que el Congreso deje de lado la mala praxis de privilegiar lo político sobre los criterios objetivos, y se incline por un perfil idóneo de quien ocupará el cargo de Fiscal, que se evite la simulación en este proceso y sea transparente y participativo, que se realice una valoración exhaustiva de los perfiles que sustente su designación, sin descartar el deliberar con expertos; más allá de los vínculos que tenga el aspirante con el poder Ejecutivo, pues lo que requiere Guerrero es una Fiscalía independiente y autónoma, un titular con competencia y capacidad para responder a las víctimas, realizar una investigación diligente de los delitos y eficaz persecución de los delincuentes.
Está en manos de los diputados el fortalecer a la FGE, con ese proceso de designación que garantice la imparcialidad y que cumpla con los estándares y directrices de naciones unidas sobre la función de las fiscalías, para garantizar su independencia y autonomía y considere los méritos y capacidades de las personas, las que incidan en la toma de su decisión.
Requerimos un Fiscal imparcial e independiente y que no sea designado por criterios de afinidad partidista, pues su actuación obedecería a ciertos intereses y no abonaría a una Fiscalía autónoma, y en cambio estará en entredicho su actuación.
Se debe considerar en este proceso la inclusión de la participación de la sociedad civil, como ya se está manifestando que este mecanismo de designación sea un proceso democrático, con la idea de transformar la Fiscalía en una institución que genere confianza de la ciudadanía.