Jornaleros indígenas de Guerrero; la migración para escapar de la pobreza

Alina Navarrete Fernández/Tlapa de Comonfort, Gro.

Las condiciones de pobreza en las comunidades indígenas de la Montaña obligan a los pobladores a migrar, al menos, una vez al año para trabajar como jornaleros en campos agrícolas de otros estados del país. 

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tan solo de enero a octubre del 2021, 10 mil 572 personas originarias de distintas comunidades Nahua, Na’Savi y Me’phaa migraron para dedicarse a la pisca de varios productos.

Se trata de hombres y mujeres de distintas edades que en su peregrinar, se enfrentan a la inestabilidad laboral, sin acceso a servicios públicos de educación, salud; así como apoyos gubernamentales.

Las estadísticas indican que entre los principales municipios expulsores de jornaleros migrantes están Tlapa de Comonfort, Cochoapa El Grande, Metlatónoc y Copanatoyac, entre otros; también se identifican 16 estados receptores, principalmente Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y Baja California.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, critica los desplazamientos internos y ha señalado en distintas ocasiones que su política es que los mexicanos migren por gusto y no por necesidad, sin embargo, Miguel Martínez Peralta, coordinador de la Casa del Jornalero con sede en la cabecera municipal de Tlapa, asegura que falta mucho para que eso pase y, por el contrario, la migración va en aumento.  

“La verdad (los jornaleros) no migran porque quieren, es por la necesidad, el gobierno ahorita está haciendo lo posible pero esta pobreza está grande; entonces ha mandado muchos apoyos, pero no para combatir rápido la pobreza, entonces, al contrario, la migración aumenta”, sentenció.

Mujeres, madres y migrantes

La temporada alta de migración es entre septiembre y noviembre (aunque durante todo el año se registran salidas). Réplica visitó la comunidad Nahua de Ayotzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort, ubicada a unas 3 horas y media de la capital.

El acceso a la localidad es por un camino de terracería, a los lados se observan parcelas de maíz y otros granos. Conforme se avanza, se pierde la señal de telefonía; sólo unos 100 metros de la calle principal están pavimentados mientras que el resto es tierra medianamente aplanada.

Algunas familias pasaron la tarde del viernes desgranando maíz, lavando ropa, trastes y preparando las maletas que el sábado se llevarán hasta Culiacán, Sinaloa, donde se dedican a cortar “verdura china”.

Tal es el caso de Juana Ramírez Cabrera, quien este año viajará acompañada de 17 integrantes de su familia: su esposo, hijas, hijos, nueras y nietos, con quienes vive en una casa de adobe, madera y lámina. 

La mujer no sabe leer ni escribir, aunque entiende el español no habla el idioma de manera fluida. A pregunta expresa de sus razones para migrar, contestó simplemente: “Aquí no hay dinero”. 

En la localidad, Juana se dedica a tejer sombreros de palma, en un buen día logra elaborar dos y continua con el proceso hasta juntar varios que ofrece en 105 pesos la docena; sin embargo, sus compradores regatean argumentando que su trabajo aún requiere una inversión para el planchado. Ha llegado a vender sólo dos sombreros en 10 pesos.

Su vecina, Patricia Villanueva Guzmán, lleva más de 20 años migrando, empezó de adolescente con sus padres y ahora lo hace junto a su esposo Santiago, sus hijas Margarita, Rosaria, Guadalupe, Joaquina; sus hijos Martín y Marcos, y su nuera Juana.

Patricia explica que la familia deja la comunidad por la necesidad, porque “aquí dinero no hay”. para sobrevivir su única opción es migrar y trabajar como jornaleros, así es como logran juntar recursos que les sirve para regresar a su casa por 6 meses; después, se vuelven a ir y así el ciclo se repite.

La casa de Patricia es de tabicón, varillas y cemento. Hay dos pisos que se comunican mediante una escalera de madera, sencilla; en la planta alta, un cobertor sirve de puerta. Patricia cuenta que le tomó varios años a su familia juntar los recursos necesarios para levantar su hogar.

Ella asegura que el principal problema de Ayotzinapa es que no hay agua para cultivar sus tierras. A pesar de que la mayoría de las familias tiene su propia parcela, carecen de dinero para comprar fertilizantes y químicos, cuyos precios ascienden a 300 pesos por bulto. Haciendo cuentas, los habitantes de la comunidad no pueden mantenerse ahí.

Ante las circunstancias, Rocío Ramírez Domínguez, integrante del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña, lucha por un salario justo para los migrantes de por lo menos 300 pesos al día.

Rocío también ha migrado más de 20 años de su vida, pero en los últimos dos optó por quedarse al cuidado de sus tres hijas. No obstante, continúa participando activamente en el movimiento por el incremento del salario mínimo y la entrega de apoyos gubernamentales para los pobladores.

La migración es la única opción de vida que tienen los indígenas, cuenta Rocío, quien señala que las mujeres “trabajamos más”, pues no sólo cumplen con sus jornadas laborales, sino que además se encargan de preparar comida para toda su familia y de preparar a sus hijos para que vayan a las guarderías que algunas empresas habilitan en los campos.

Pero no importa que los menores sean llevados a áreas apartadas de sus padres, eventualmente, ellos también se convierten en jornaleros y migran año con año, debido a la falta de condiciones en sus comunidades pues la situación de Ayotzinapa se repite en otros pueblos de la zona.

Buscar trabajo en otras ciudades como Tlapa, Chilpancingo, incluso la Ciudad de México, no es una opción para las familias que toman en cuenta los gastos de renta, comida, transporte y sobre todo, el hecho de que no podrían viajar con sus hijos. 

Rocío no pierde la esperanza de que sus hijas tendrán sino una profesión, el conocimiento necesario “para que se defiendan de cualquier patrón”, para que conozcan sus derechos humanos y laborales, y así, tengan una mejor vida.

La ausencia de los gobiernos

En su XXVI Informe de Actividades “Como una noche sin estrellas”, Tlachinollan identificó 7 programas asistenciales a los que los jornaleros migrantes deberían tener acceso: becas Benito Juárez para el Bienestar, Adultos Mayores, Madres Trabajadoras, Fertilizantes, Producción para el Bienestar; Sembrando Vida y Tandas para el Bienestar.

No obstante, las familias de Juana, Patricia y Rocío reciben, si acaso uno, según cuentan, pues los Servidores de la Nación a cargo de los registros argumentan que “no les toca” debido a su condición de migrantes. Al no estar en sus casas todo el año, se les imposibilita acceder a estos beneficios, no son anotados en las listas.

En ese sentido, Tlachinollan estima que el 99% de la población indígena migrante no cuenta con apoyo gubernamental, situación que vulnera sus condiciones de vida. A esto se le suma la desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), por lo que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña considera urgente que se diseñen “caminos accesibles” para los migrantes.

Para las familias indígenas, la llegada de la Cuarta Transformación al poder no representó un cambio en sus vidas, continúan con las mismas carencias, en medio de la pobreza, obligadas a desplazarse al interior del país. “Aquí no hay nada”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *