Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
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La militarización se viene incrementando en las diversas áreas que integran la seguridad pública en México, entre las cuales, de acuerdo con el artículo 21 párrafo noveno, de la Constitución Política Federal, se encuentran las Fiscalías con sus funciones de investigación y persecución de los delitos; considero necesario abordar el tema, para “no callar como momia”.
Es oportuno recordar que ya el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus Observaciones finales sobre el Sexto Informe Periódico de México del 4 de diciembre de 2019, fue enfático al señalar que México “debe alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas de orden y avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil y a establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana…”
En el mismo sentido, el diverso Comité contra la Desaparición Forzada en sus observaciones a México del 6 de septiembre de 2019, señaló que “observa con preocupación el rol otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública en la mayoría del territorio del Estado Mexicano, la creciente militarización de las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley… insta a México a fortalecer a las fuerzas civiles del orden…”
Incluso, el pasado 12 de abril de 2022, el referido Comité recomendó a México abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública, que ésta debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad pública; reiteró su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requirió establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
A la fecha, la tendencia a militarizar la seguridad pública no ha variado, ni se han cumplido las recomendaciones de naciones unidas y está sucediendo todo lo contrario, puesto que en lugar de poner en marcha un plan de retiro, hay mayor presencia y atribuciones a los militares; por ejemplo, en Guerrero solo hay que echar un vistazo al perfil de los titulares en materia de seguridad pública, en la que se incluye, como se dijo, a la Fiscalía General del Estado (FGE).
A partir de que asumió el cargo la actual titular de la FGE, la teniente coronel del Ejército, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, motivó una serie de reacciones descalificando su llegada al contar con un perfil, formación y currículum militar; así como inconformidades por parte del personal, que acusan de maltrato a la propia titular, quejándose incluso de los mandos, que de igual manera tienen formación militar.
Los hechos más recientes, son los sucedidos el pasado 27 de abril, relacionados con la movilización para tomar las oficinas de la FGE por trabajadores adscritos a la sección 7 del SUSPEG, lo que motivó que al día siguiente la Fiscalía emitiera un comunicado por el que informó sobre la atención brindada a la problemática laboral y expresamente señaló en su punto 5 que “…EL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN ESTA INSTITUCIÓN DEL ESTADO, ha demostrado firme vocación de servicio, lealtad a la población y respeto institucional, laborando de manera incansable…sin importar horarios…”.
Asimismo, en el punto 7 precisó que: “…EL PERSONAL MILITAR no porta granadas, que dada la naturaleza de las funciones y atribuciones de esta Fiscalía, desde antes que se diera una MAYOR PRESENCIA DE PERSONAL MILITAR, los agentes ministeriales han portado sus armas a simple vista para el cumplimiento de sus actividades, no existe razón alguna para que ahora los trabajadores se sientan intimidados por ese motivo”.
De lo anterior se desprende la evidente militarización que se está dando en esa Fiscalía, que incluso ha provocado conflictos entre los militares con el propio personal policial ministerial inconforme, como han denunciado de lo recientemente acontecido en las oficinas en Acapulco, donde han estado a punto de enfrentarse a balazos.
La semana pasada la secretaria general de la sección 7 del SUSPEG, denunció públicamente que ha recibió amenazas e intimidación de los mandos de la FGE, por encabezar la referida movilización; otro antecedente negativo es el acontecido a principios del pasado mes de febrero, cuando la exdirectora de recursos humanos de la FGE denunció maltrato físico y verbal por la titular de la Fiscalía y del personal militar a cargo de su seguridad; entre otros incidentes que se han hecho públicos.
Lo anterior demuestra que es cierta la militarización en la FGE, y más allá de quien tenga la razón en esa problemática laboral; lo también cierto es, que los mandos superiores deben observar en su actuación, las reglas del buen trato para con el personal, así como el principio de legalidad y ser escrupulosos en el respeto a derechos humanos; ojalá el Estado Mexicano atienda las citadas recomendaciones de Naciones Unidas.