Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
____________________
Resulta insoslayable no comentar el incremento de la ola delictiva que ha venido aconteciendo en los últimos días en diversos lugares del país, pero sobre todo en Guerrero, que afecta a las personas en su proyecto de vida y en sus derechos más elementales.
Desde luego que hay delitos de mayor impacto, como los secuestros, desaparición forzada de personas, los homicidios dolosos, entre otros, y se comenten a plena luz del día, y en lugares concurridos, donde incluso las víctimas resultan ser mujeres y menores; a tal grado de que los lugares turísticos son escenarios de estos crímenes, que se supone están blindados por la seguridad pública; y por ello se convierten en noticia nacional, que pone en evidencia la ineficacia de la estrategia institucional de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad ciudadana.
Sólo por citar un dato, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del año 2015 a inicios de este mes, se tiene un registro de 13,184 homicidios dolosos perpetrados tan sólo en Guerrero, y la cifra sigue en aumento.
Estos delitos infunden temor en la población, así tenemos que el INEGI en su más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), da a conocer que a marzo de este año, el 66.2% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad; la percepción de inseguridad pública, entendida como la sensación de riesgo de llegar a sufrir algún delito, es muy alta; así por ejemplo ese sentimiento de angustia de sentirse inseguro en Acapulco, fue del 76.3%, y en Chilpancingo, de 76.5%.
Vislumbro una debilidad institucional y una deficiencia en la estrategia de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, es ya inaceptable la tolerancia a la que se ha llegado para con los grupos delictivos de civiles armados, que en Guerrero llegan a un aproximado de 25 y lamentablemente es una problemática que ha rebasado a las autoridades municipales y estatales, y así como vamos, también sucumbirán las federales; ya hay visos claros de ello, aunado a que someterlos al orden ya puede considerarse una cuestión compleja y de seguridad nacional.
O se toma en serio la función del Estado y se enfrenta este fenómeno delictivo, o todos sucumbiremos en las fauces de la delincuencia, llámese común u organizada, al fin de cuentas el daño que ocasionan es de iguales dimensiones; es apremiante redimensionar los planes y programas de prevención, disuasión y de combate al delito; y de ser necesario, hacer uso legítimo del monopolio de la fuerza, que sólo debe corresponder al Estado, ello con observancia de los derechos humanos y así dar cumplimiento a los compromisos internacionales que ha asumido nuestro país.
A propósito, de qué ha servido el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, federal y estatal, si a siete años de haberse implementado no ha cumplido con su objetivo de acabar con la impunidad, entendida como la falta de investigación y castigo de quienes cometen delitos; y que según abonaría a la confianza social en la justicia, si ha dejado mucho que desear el sistema de procuración, impartición y ejecución de justicia penal, ante una impunidad incesante.
Si bien una de las principales características es que ya no se privilegia la prisión preventiva, pues resulta un último recurso a aplicar a un imputado en la comisión de un delito; no menos cierto es, que puede ser considerada como un sistema de justicia de puerta giratoria, donde el imputado entra por un lado y sale por otro, ante las deficiencias en la procuración y administración de justicia que impiden la imposición de una pena.
Basta con preguntarnos, cuántas carpetas de investigación se inician, de éstas, qué cantidad se consignan; las órdenes de aprehensión emitidas y cuántas se ejecutan; en cuántos casos se emite sentencia condenatoria; bueno de las respuestas, hay mucha información en la que se concluye que hay una impunidad que rebasa el 90% de los casos y es una invitación a seguir cometiendo delitos.