Ángel Galeana/Chilpancingo
El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, exhibió al juez Joaquín Alberto Ruiz García y al magistrado Benjamín Gallegos Segura por liberar al comandante de la UPOEG detenido el pasado 23 de septiembre, José Manuel Lorenzo Hernández, y al líder del grupo delictivo Guardia Guerrerense, antes Caballeros Templarios, Edilberto Bravo Barragán, quien ya purgaba una condena de 50 años por secuestro agravado.
En la conferencia presidencial de esta mañana, Mejía Berdeja presentó el informe “Cero Impunidad” en donde señaló que los jueces se han basado en el “debido pretexto” para liberar a delincuentes generadores de violencia.
En el caso de Guerrero, reveló que el juez de control de procesos penales en Acapulco, Joaquín Alberto Ruiz García, liberó al comandante de la UPOEG en el municipio de Florencio Villarreal, José Manuel Lorenzo Hernández, quien fue detenido el 23 de septiembre por elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Mejía Berdeja señaló que a pesar de que fue detenido en flagrancia junto a otro sujeto, que era el policía de la UPOEG; Wilibaldo Villanueva, en posesión de armas, balas, chalecos antibalas y el presunto amago a civiles en Cruz Grande, el juez consideró que hubo faltas al proceso, por lo que decretó su liberación.
Sin embargo, José Manuel Lorenzo tenía una orden de aprehensión por el delito de homicidio, por lo que fue reaprendido el 25 de septiembre y ya fue vinculado a proceso por una juez de Ometepec.
El otro caso de Guerrero fue la liberación del líder del grupo delictivo Guardia Guerrerense que opera en Zihuatanejo y municipios de la Costa Grande, Edilberto Bravo Barragán. El magistrado de la sala penal unitaria del Sistema Penal Acusatorio con jurisdicción en Azueta, Montes de Oca y Galeana, Benjamín Gallegos Segura ordenó su libertad al considerar que hubo inconsistencias en su juicio.
Según la ficha presentada por el Gobierno federal, Edilberto Bravo fue detenido en 2016 por secuestrar a una persona en un taller mecánico de Zihuatanejo, a quien trasladó a una casa de seguridad y después pidió dinero por su rescate. Por ese delito fue sentenciado en 2021 a 50 años de cárcel, pero el pasado 14 de septiembre, el magistrado Benjamín Gallegos ordenó su “inmediata y absoluta libertad” argumentando inconsistencias respecto del lugar donde ocurrió el secuestro y en donde fue el cautiverio de la víctima.
Benjamín Gallegos Segura fue el secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del estado durante varios años hasta que renunció el 4 de marzo de 2021. El 29 de abril del mismo año fue designado por la pasada legislatura como magistrado del Tribunal Superior de Justicia.