Opinión: Retroceso en la Fiscalía Especial del caso Iguala

Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Fue coodinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

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Hace días fue nombrado Rosendo Gómez Piedra como titular de la Unidad Especial en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), en sustitución de Omar Gómez Trejo, quien renunció al cargo al no tomarlo en cuenta, sobre todo, en el desistimiento de diversas órdenes de aprehensión solicitadas y concedidas por el juez de la causa.

De los datos curriculares del nuevo titular destaca que se desempeñó como Director Jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), con antecedentes de experiencia en materia de justicia laboral y electoral, habiéndose desempeñado como secretario de Gobierno en Tabasco; sin que se conozca de experiencia o conocimientos en temas de derechos humanos o derecho penal.

Ya han expresado su inconformidad los padres y madres de los estudiantes normalistas víctimas de los hechos, y refieren que se enteraron por los medios de comunicación del recién designado y que no tiene conocimiento del caso ni de asuntos sobre tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de personas; que esto representa el inicio de un golpe y destrucción de ese mecanismo de justicia que representaba una esperanza para esclarecer los hechos.

Ya en su momento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh) que acompaña a las madres y padres de los normalistas, ha señalado que tal nombramiento representa un enorme retroceso para la investigación, porque se trata de un funcionario que carece de experiencia en la materia, pues se trata de un perfil político sin experiencia en la investigación independiente de violaciones graves a los derechos humanos; además de que no fue una decisión consultada con los padres ni con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En tratándose de nombramientos, si bien es cierto, que es una facultad exclusiva del titular de la FGR realizar este tipo de designaciones, también lo es, que debió privilegiarse un perfil que considerara factores de experiencia, objetividad, capacidad, mérito, sensibilidad para con las víctimas y sus familiares; por lo que con ese nombramiento, nos damos cuenta que aún prevalece el simple oportunismo político, pues pesó más el tratarse de un tabasqueño, es decir, paisano del Presidente de la República y a la vez, ser funcionario cercano al Secretario de Gobernación, para expedir el nombramiento.

Pero tal proceder no debe de extrañarnos, al ser ya un distintivo de la administración pública federal, que puede denotar corrupción en dos vertientes; por una parte de quien designa y a la vez, de quien acepta el nombramiento para un cargo, del que desconoce su desempeño sustantivo.

Con ese escaso perfil de preparación técnica, de conocimientos en derechos humanos y derecho penal, al no estar familiarizado con estos temas, lejos se está de conocer y entender los principios y las etapas del actual sistema de justicia penal acusatorio, así como las reglas del sistema penal tradicional, que operan en el “Caso Iguala” y si le sumamos la falta de cercanía con las madres y padres de las víctimas, se vislumbra un alejamiento a la verdad y justicia en esos lamentables hechos; o tal vez ese sea el propósito que se persigue.

Por lo que difícil tarea para el nuevo Titular de la UEILCA de hacer efectivos los derechos humanos de los familiares de las víctimas del “Caso Iguala”, para sacar adelante las investigaciones de las averiguaciones previas y carpetas de investigación y resolverlas; perseguir la infinidad de los delitos perpetrados antes, durante y después de los hechos, sostener las acusaciones en los procesos penales abiertos; ejercer los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, juicios de amparo relacionados con el caso; sobre todo, se debilita garantizar el derecho humano de acceso a la verdad y a la justicia, para dar cumplimiento al mandato que le dio origen a la citada unidad especial.

Por lo que con tal nombramiento, veo mermada la autonomía e independencia de este nuevo fiscal, que en el ejercicio de su encomienda tendrá que congraciarse con quien lo designó, como una reacción natural, lógica y humana; más allá de representar el interés de las víctimas; espero equivocarme.

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