Ángel Galeana/Chilpancingo
Alcaldes del estado le han hecho vacío a la Comisión de Hacienda del Congreso local que desde el lunes inició reuniones para explicarles los lineamientos que deberán seguir para continuar con el cobro del impuesto del Derecho de Alumbrado Público (DAP) luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara que la forma actual de cobro es inconstitucional.
El desdén al Congreso provocó que los diputados integrantes de la Comisión lanzaran una advertencia a quienes no han asistido: rechazarán sus leyes de ingresos si no están bien elaboradas o los dejarán sin el cobro del DAP que afectará sus ingresos en ese rubro.
Este miércoles, la Comisión realizó la tercera reunión a la que fueron convocados 30 alcaldes, de los cuales solo acudieron 6 y llegaron 10 representantes. El martes hubo 12 y el lunes 9 de 25 que citaron.
El presidente de la Comisión, Bernardo Ortega Jiménez, lamentó que no haya interés de los alcaldes en asistir para asegurar el cobro del DAP en sus leyes de ingresos y el concepto de impuestos adicionales.
Recordó que la obligación de presentar sus leyes de ingresos acordes a la normativa es de los Ayuntamientos y el Congreso solo es encargado de revisarlas, aprobarlas o rechazarlas, sin embargo, están haciendo un esfuerzo para que los municipios aseguren la recaudación por el DAP en 2023.
«Este año no les vamos ayudar porque esa ley es de ustedes, nosotros solo somos los revisores, pero si vemos que la ley está mal no la vamos a aprobar, si el DAP, si no traen el documento que estamos pidiendo no les vamos a ayudar», advirtió.
El diputado José Efrén López Cortés, señaló que varios alcaldes toman recursos para el pago de alumbrado público del rubro de seguridad pública, dinero que dijo es mal gastado también en contratación de personal que no es policía, lo que ha provocado que algunos ni patrullas hayan comprado.
La diputada Alicia Zamora Villalva dijo que el Congreso «se la va a jugar» aprobando un modelo de cobro del DAP que no ha sido aprobado por la SCJN, porque están buscando una forma de no afectar los ingresos de los Ayuntamientos y la economía de la población.
A partir de este 2023, los Ayuntamientos deberán modificar la forma en que cobran el DAP por una resolución de la SCJN que declaró inconstitucional la forma que se hizo hasta el 2022, y estableció nuevos parámetros.
En el estado de Puebla se han aprobado la mayoría de las leyes de ingresos por la SCJN bajo un modelo en el que se cobra una cuota igual a todos los usuarios de 117 pesos; sin embargo, en Guerrero buscan que no sea bajo ese paradigma, ya que pagaría lo mismo el dueño de un hotel que un trabajador que gana el sueldo mínimo, o menos.
Por ello, el Congreso apuesta a un modelo a partir de la firma de un convenio de los Ayuntamientos con la Comisión Federal de Electricidad y sea esta la que haga los cobros a los usuarios de forma diferenciada, bajo el esquema en que tiene sus registros de usuarios por luz comercial o servicio doméstico, y que pague más por alumbrado público quien más tenga, modelo que no ha sido aprobado.
Los Ayuntamientos podrán elegir la forma que deseen para el cobro del DAP, pero desde el Congreso se advirtió que aumentar el costo por servicio de luz pública tendrá un costo desde político hasta social.