Alina Navarrete Fernández
Tlapa de Comonfort. 9-Agosto-2019.
Las masacres “enlutan la vida política en Guerrero” expresó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, durante el foro Palabras de vida, caminos de esperanza que se llevó a cabo con motivo del 25 aniversario del Centro, en la Casa Católica de Tlapa.
Este viernes se desarrollaron los primeros cuatro páneles del foro en los que participaron familiares de víctimas de desaparición forzada, asesinatos extrajudiciales, luchadores sociales y defensores de derechos humanos, quienes relataron el impacto que tuvieron los crímenes en sus vidas, así como en el contexto histórico y social de Guerrero.
Los asistentes debatieron sobre el papel del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en impartición de justicia. Mientras algunos, como la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro Bahena, consideraron que la Cuarta Transformación “no existe”, otros opinaron que el nuevo Gobierno ha demostrado tener disposición para resolver los casos.
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En el primer panel participaron los integrantes del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60: Josefina Vázquez Ruiz y Juan Luquin López, Karla Nogueda Radilla, nieta del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, Eloy Cisneros Guillén, sobreviviente de la masacre de La Coprera, Carlos Mesino, hijo del luchador social Hilario Mesino Acosta, Norma Mesino Mesino, Eustolia Castro Ramírez, una de las viudas de Aguas Blancas e Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos.
Mientras cada uno compartía su testimonio, la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo Cázares, permaneció de pie a un lado del presidum, sosteniendo una lona con la fotografía del diputado asesinado el 20 de agosto de 2009 junto con la leyenda: “Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”.
Karla Nogueda habló sobre las desapariciones forzadas en Guerrero y consideró que “es triste” que con el paso de los años los familiares de las víctimas van muriendo sin lograr justicia ni la verdad de los hechos, por lo que se deben fortalecer las luchas sociales.
En su intervención la integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Norma Mesino Mesino, expuso el caso de la matanza de Aguas Blancas y las ejecuciones de sus hermanos Rocío y Miguel Ángel. Al finalizar su testimonio expresó: “al nuevo Gobierno le reclamamos la deuda histórica” por los 24 años de impunidad de la masacre. Exigió la creación de una Fiscalía especializada para el caso, y reclamó que persisten los asesinatos de luchadores sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.
Doña Hilda Legideño dijo que los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos sólo buscan a sus hijos con vida, “por eso seguimos luchando, no ha sido una lucha fácil” y declaró que el “único delito” de los jóvenes fue ser estudiantes. Advirtió que no creerán en las mentiras del Gobierno y que esperan que la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa le dé seguimiento a las líneas de investigación que estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Por su parte, Vidulfo Rosales pidió a todos los asistentes que se unan para que “en el marco de este Gobierno progresista exijamos la creación de un mecanismo extraordinario para la justicia pues estas masacres enlutan la vida política en Guerrero”.
Al final recordó a las víctimas de asesinatos políticos como Armando Chavarría Barrera, Arturo Hernández Cardona, Rocío Mensino y Ranferi Hernández Acevedo, así como el séptimo aniversario luctuoso de Octaviano Santiago Dionicio, por quienes se guardó un minuto de silencio.
La Guerra contra las drogas y las graves violaciones a los derechos humanos
En el segundo panel participaron la dirigente del Colectivo de familiares de personas desaparecidas en Chilpancingo, María Guadalupe Narciso, quien habló de cómo fue revictimizada por las autoridades y su hijo, Josué Molina Rodríguez, criminalizado cuando desapareció, “¿sabe en qué andaba metido su hijo? ¿Lo conoce bien?”; fue el trato que recibió en lugar del apoyo correspondiente.
Declaró que confía en que, con el nuevo Gobierno y la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, logrará obtener verdad y justicia, así como los otros integrantes del colectivo.
Además del tema de la desaparición, en el panel se expuso el caso de desplazamiento forzado de familias de Chichihualco como consecuencia de la inseguridad es el estado, por lo que el director del Centro de Derechos Humanos Morelos, Manuel Olivares, pidió al Gobierno que genere las condiciones necesarias para que los afectados puedan volver a sus hogares.
Caminos de Esperanza: Una mirada nacional
En el tercer panel participaron representantes de Servicios y Asesoría por la Paz A. C., la Fundación para Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el integrante de la Red de Enlaces Nacionales, Juan Carlos Trujillo y Rocío Culebro. La discusión versó entorno a la necesidad de buscar alternativas para disminuir la impunidad en el país y que haya garantías de no repetición.
Rocío Culebro criticó al Gobierno de López Obrador y aseguró que “no existe la Cuarta Transformación, lo que sí existe es una violencia sistemática en todos los estados”, sin embargo, señaló que esto no significa que los luchadores sociales y defensores de derechos humanos desistan de su labor, sino que deben cuidar la transición que atraviesa el país a nivel federal, ya que la Fiscalía General de Justicia “no está en condiciones, ni quiere ser autónoma”.
Dijo que hay un déficit pues no sólo se debe querer saber qué pasó en cada uno de los casos de asesinatos y desapariciones, sino que también se debe cuestionar quién y por qué cometió los crímenes; señaló que es preocupante que hay familias que no están organizadas y es por eso que los grupos que ya están trabajando en la materia se fortalezcan.
Las luces de nuestro caminar: experiencias y lecciones aprendidas
En el cuarto panel participaron el integrante de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos de Pasado (Femospp), Arturo Gallegos, los integrantes de la Comisión de la Verdad de Guerrero, Pilar Noriega y Nicomedes Fuentes, el integrante de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, Santiago Aguirre, así como los representantes de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Cristina Bautista Salvador y Emiliano Navarrete.
Se expuso que tanto la Femospp como la Comisión de la Verdad fueron creadas en momentos importantes en el país y el estado, pues la primera se integró durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, que representó el llamado “Gobierno del cambio” y la segunda se instaló durante el sexenio del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, la primera gubernatura en Guerrero no representada por el PRI.
En ese sentido Arturo Gallegos puntualizó que la Femospp “no es un trabajo inteligente de quien representaba el Gobierno del cambio” sino el producto del esfuerzo de defensores de derechos humanos que exigían justicia en el caso de desapariciones durante la década de los 70; por su parte, Pilar Noriega expresó que la Comisión de la Verdad sufrió la desconfianza de las víctimas porque se trataba de una organización pública.
“Se dice fácil, pero ha sido una verdadera chinga” concluyeron los representantes de los organismos que fueron creados con el objetivo de brindar justicia a los familiares de las víctimas, pero que tuvieron pocos logros, principalmente porque los gobiernos no dieron seguimiento a sus recomendaciones.
Por su parte, Santiago Aguirre dijo: “aún no sabemos qué fue lo que pasó con los 43 pero logramos que el caso siga abierto y vamos a seguir trabajando para dar con la verdad” y reconoció la lucha, fruto de la fuerza de los padres y madres de familia de los jóvenes.
Al finalizar, Cristina Bautista y Emiliano Navarrete coincidieron que seguirán en pie de lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y esperan que el Gobierno federal cumpla con su promesa de resolver el caso.