Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
El Congreso local exhortó al gobierno federal y del estado a que evalúen la posibilidad de diseñar un paquete económico que permita asegurar la liquidez de los negocios en Guerrero y preservar los empleos que éstos generan durante la contingencia por el COVID-19 (coronavirus).
Dicho paquete, se planteó, deberá omitir la recaudación del Impuesto Sobre Nómina del 3 por ciento el tiempo que prevalezca la emergencia, así como el pago de otros impuestos locales, como el predial y agua por los próximos tres meses, además de extender la vigencia de licencias y autorizaciones hasta por 90 días.
La propuesta fue presentada este martes en la sesión del Congreso por la diputada de Morena, Mariana García Guillén, y fue suscrita por sus compañeros de bancada Moisés Reyes Sandoval y Ossiel Pacheco Salas.
También se exhortó los 80 ayuntamientos de Guerrero, al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, y a sus organismos operadores de agua a garantizar el suministro a todos sus habitantes, incluso a los que enfrentan adeudos, toda vez que se trata de un servicio indispensable para la prevención del virus.
El acuerdo aprobado incluye a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que se llamó a que, mientras siga la propagación del COVID-19, no realice recortes de energía eléctrica a los organismos operadores de agua, a efecto de no generar “condiciones más críticas” y contribuir a mitigar o erradicar la propagación del COVID-19.
A las autoridades municipales se les pidió que sigan realizando acciones de prevención para evitar el contagio y propagación del coronavirus, pero sin recurrir a “medidas drásticas” como el cierre de establecimientos comerciales y playas, “que si bien son lugres de mayor concentración de personas, también lo es que son centros de trabajo de miles de ciudadanos y fuentes de ingreso para las familias”.
En su exposición de motivos, Mariana García indicó que, ante el inicio de la Fase II de la pandemia, ya se puede hablar de un impacto económico negativo, sobre todo en negocios y empresas del sector privado que verán reducidos sus ingresos con la disminución en la afluencia de clientes, proveedores y consumidores.
“Lo anterior implica pensar desde nuestra entidad, y en el marco de las atribuciones del gobierno estatal y los gobiernos municipales, en el diseño de un plan que implique la protección de la planta laboral a través de acciones contundentes que, entre otras, posibilite la creación de un fondo adecuado para los más golpeados por las evidentes circunstancias adversas”.
La propuesta fue respaldada por todos los grupos parlamentarios y representaciones de partido, por lo que se aprobó por unanimidad de votos.