Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
La coordinadora del Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO), Viridiana Gutiérrez Solano, advirtió que el proceso electoral de 2021 podría interrumpir el cumplimiento de las acciones que deben emprender el Poder Ejecutivo y Legislativo tras la declaratoria de la segunda Alerta por Violencia de Género (AGV) decretada en el estado por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Así lo expresó este jueves durante una conferencia virtual en la que 18 organizaciones de mujeres fijaron un posicionamiento respecto a la declaratoria de la alerta y de la que OBVIO es una de sus promoventes.
Durante su participación, la activista consideró que el plazo de 18 meses que la Segob le fijó al gobierno del estado, al Congreso local, al Poder Judicial y a la Fiscalía General para dar cumplimento a las medidas establecidas en el mecanismo -como reformar el Código Penal para garantizar el acceso a un aborto legal y seguro a las mujeres víctimas de una violación sexual, sin la intervención del Ministerio Público- es excesivo.
Recordó que el proceso electoral está por iniciar, lo que significa que el próximo año se renovará la gubernatura y las diputaciones locales, que es sobre quienes recaen varias de las medidas de prevención, seguridad y justicia en favor de las mujeres que establece la AVG.
“Nos llama mucho la atención, 18 meses nos parece un plazo muy extenso. Hacemos un llamado a la Conavim porque en Guerrero el próximo año va a tener elecciones, entonces va a haber un cambio de gobierno y que no se acelere este proceso significa que el gobierno que llegue, el que entre, sea del partido que sea, va a tener que volver a empezar el proceso desde cero. También se va a cambiar el Congreso y entonces esto también va a hacer mucho más lento el proceso de cumplimiento, que de por sí ya lo ha sido”.
Sin embargo, Gutiérrez Solano consideró que si las autoridades que fueron vinculadas a la AVG tienen “voluntad», podrán acatar todas las medidas antes de que concluya su periodo.
“Si existe la voluntad que ha mostrado, por lo menos en los discursos, el gobernador Héctor Astudillo Flores, me parece que no necesitarían 18 meses para el cumplimiento de estas medidas. Hay algunas medidas que podrían empezar cumplirse a la brevedad, podrían empezar a trabajar desde ya y rectificar todo aquello que no han hecho”.
En la conferencia, las participantes dieron lectura a un comunicado en el que las organizaciones refirieron que están preocupadas por la violencia sexual que enfrentan las mujeres en la entidad y la “inacción e incumplimiento” de medidas por parte del estado ante este contexto.
Indicaron que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a abril del 2020 se registraron en el estado 312 casos de violación, 389 casos de abuso sexual y 11 denuncias por aborto.
Por ello las organizaciones peticionarias exigieron a la Conavim que establezca “claramente” el mecanismo que garantice el cumplimiento de las medidas establecidas en la declaratoria, así como el seguimiento y evaluación con la participación de las organizaciones peticionarias y expertas en la materia, así como los organismos internacionales.
Al gobierno del estado demandaron que entregue el programa de trabajo con el que implementará las medidas, además de transparentar públicamente los recursos destinados a la atención de la alerta, presentar a las autoridades responsables de cada una de las medidas y una propuesta de indicadores de impacto, así como informar los avances en el cumplimiento al menos cada tres meses.
En tanto, al Congreso local le exigieron reformar el artículo 159 de Código Penal del Estado, a fin de permitir que las víctimas de una violación sexual accedan a un aborto legal y seguro sin necesidad de denunciar ni esperar la autorización del Ministerio Público.
Al Poder Judicial le solicitaron coadyuvar en la revisión de las carpetas de investigación de casos de mujeres consignadas por el delito de aborto; mientras que a la Fiscalía General del Estado le pidieron explicar cómo fortalecerá la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, cómo mejorará la coordinación con la Secretaría de Salud para aplicar la NOM-046, la no revictimización, y su programa de capacitación con perspectiva intercultural, de género y derechos humanos.