Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
Chilpancingo, Gro.
El pasado dos de julio, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Maestra Rosario Piedra Ibarra, hizo del conocimiento de la opinión pública que el 8 de junio anterior, fue víctima de una serie de amenazas en su contra y de su familia, proferidas a través de llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales y de texto; refirió que se registraron más de cien números telefónicos de diferentes estados del país, motivo por el cual interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Ciudad de México para su investigación.
Señaló que esas amenazas están relacionadas con su propuesta de transformar a la CNDH en una Defensoría del Pueblo que defienda a todos por igual, y ocurrieron luego de que ejerciera su facultad de atracción en la investigación de los hechos sucedidos en Jalisco, relativos a la detención del joven Giovanni López a manos de policías en Jalisco que lo desaparecieron, torturaron y le dieron muerte; pero lo que nos llama la atención es que ese caso aún se encuentra en etapa de investigación, por lo cual no se ha hecho pronunciamiento sobre la responsabilidad de alguna autoridad que motivara esas amenazas; por lo que la Presidenta advirtió que no cederá ante actos intimidatorios al precisar que: “las amenazas, quiero decirles que no me atemorizan, estoy acostumbrada a tener presión ante esta lucha que hemos llevado desde siempre, como víctimas…”, amenazas que también surgen en el contexto del 30 aniversario de la creación de ese Organismo.
Hemos señalado que las personas defensoras de derechos humanos, incluidas desde las que trabajan en los organismos públicos, se enfrentan a diversos riesgos, entre ellos la intimidación, hostigamiento, las amenazas -como el caso que comentamos-, agresiones físicas y digitales, criminalización, desplazamiento, detenciones arbitrarias, actos que incluso han llegado hasta su asesinato, campañas de desprestigio, y una alta incidencia de impunidad de los delitos cometidos contra ellas.
Resulta obvio que las amenazas buscan inhibir el derecho a defender los derechos humanos; máxime cuando vivimos un extremado clima de violencia, lo alarmante del contexto es que los riesgos y amenazas se han incrementado en los últimos años, lo que vulnera el derecho de las y los defensores de derechos humanos a realizar sus actividades de manera libre, dificulta la defensa de los derechos fundamentales y se causan afectaciones a la consolidación de la democracia; pues las personas defensoras son la voz de individuos y colectivos que han sido víctimas de la actuación arbitraria de las autoridades, por lo que se produce no solo un daño individual, sino que trae implicaciones colectivas.
Es necesario poner sobre la mesa de discusión el incremento en las agresiones contra personas defensoras que tiene vinculación con los altos índices de impunidad que prevalecen en México, así tenemos que en estos últimos 6 años, la propia CNDH ha aumentado la emisión de medidas cautelares para brindar seguridad y protección a la integridad personal para evitar hechos de lamentables consecuencias frente a una situación de riesgo; así, en el año 2014, se emitieron 4 medidas cautelares; 2015, 12; 2016, 28; 2017, 32; 2018, 45 y 2019, 63.
Sin duda que la agresión directa más grave que pueden sufrir las personas defensoras de derechos humanos es el homicidio; la propia CNDH ha documentado que en estos últimos quince años (2006 al 2019), ha registrado un total de 49 homicidios, de los cuales 17 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 34.6%. Aquí juegan un papel determinante las autoridades de los distintos niveles de gobierno, a quienes les corresponde generar las condiciones para que realicen su labor en un ambiente de seguridad, y de perpetrarse alguna agresión, se investigue de inmediato y se evite la impunidad.
También existe en nuestro país el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación, que emana de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada el 25 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, que estableció las bases para implementar y operar las medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Ese Mecanismo es de suma importancia, si consideramos que la mejor defensa en contra de las agresiones es la prevención y protección a los defensores civiles y periodistas con medidas adecuadas de seguridad y auxilio, de manera congruente, oportuna y proporcional a los riesgos que enfrentan, evitando daños de consumación irreparable; pero en el caso de las amenazas a la Presidenta de la CNDH, no entraría en ese Mecanismo, por la razón de que es para la atención de defensores civiles de derechos humanos (o integrantes de organizaciones civiles) y ella es servidora pública al ser Titular de un Organismo Autónomo; pero bueno, la denuncia ahí está, lo que sigue es que esas amenazas se investiguen, se prevengan y se ejecuten las acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad a fin de que el desempeño de las labores de la Titular de la CNDH, no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna y evitar que esas amenazas se actualicen.