Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
El Congreso del Estado de Guerrero incurre en “desacato” de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 y la ley General de Víctimas, al rechazar la reforma al Código Penal para que las víctimas de violación sexual que resulten embarazadas no necesiten denunciar o tener autorización del Ministerio Público (MP) para solicitar la interrupción del embarazo, dijo la directora ejecutiva de Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz), Antia Mendoza Bautista.
En entrevista con Réplica al respecto de la violencia contra las mujeres en Guerrero, la especialista en prevención de violencias y delincuencia, atención a víctimas de violencia y reforma policial, señaló que el hecho de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) emitiera una iniciativa en lugar de una recomendación, como argumentaron las comisiones dictaminadoras del Congreso local, “no es una excusa” para que las y los diputados rechazaran la modificación.
Señaló que las NOM 046 y 047 sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres y para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad, así como la Ley General de Víctimas respaldan el derecho de las víctimas para acceder a la interrupción legal del embarazo; además de que “no son ordenamientos nuevos”, por lo que en materia jurídica “hay un déficit” en Guerrero.
Mendoza Bautista fue funcionaria en la CONAVIM, en ese sentido, explicó que si bien la Comisión no envió una propuesta de reforma, lo que hizo fue recomendarle al Congreso del Estado que “armonice” las leyes de Guerrero con las federales y las nomas oficiales mexicanas, pues fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que avaló la modificación en la NOM-046 para que se interrumpas los embarazos producto de una violación, sin necesidad de que las víctimas denuncien al MP.
“Guerrero ha estado en la mira nacional por un contexto de alta violencia feminicida, creo que, desafortunadamente no es una novedad”, expresó Mendoza Bautista quien en 2007 -2009 participó en un proyecto tripartita en la Montaña de Guerrero con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, por lo que conoce la situación de desigualdad y violencia en el estado.
Lamentó que la situación permanezca igual, a pesar de las dos Alertas de Violencia de Género (AVG) emitidas para Guerrero (Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Chilapa, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa) debido a los déficits institucionales relativos a atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Guerrero.
Explicó que la violencia feminicida no sólo se refleja en los homicidios contra niñas, adolescentes y mujeres, sino “en el sistema político y social misógino, la altísima impunidad que hay respecto a las distintas expresiones de violencia y delitos en contra de las mujeres y la altísima tolerancia social y del Estado hacia las prácticas de violencia que se encuentran enquistadas en el sistema sociocultural”.
Por último, dijo que es necesario que las autoridades estatales realicen análisis contextuales sobre las estructuras de la violencia locales para poder determinar su origen con base a éste, podrán elaborarse estrategias adecuadas para atender la violencia de género contra las mujeres; también llamó a ser corresponsables en desmontar y desnaturalizar la violencia de género contra las mujeres y las niñas y a que las organizaciones sociales y la ciudadanía den seguimiento a los casos en curso y exigir el acceso a la justicia, para evitar que prevalezcan en la impunidad y escale la violencia.