Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Este miércoles fue propuesto ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso local la comparecencia de los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para que informen al Legislativo la situación que guardan las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los tribunales en la materia.
La propuesta, que se turnó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su análisis y posterior dictaminación, fue presentada por el diputado de Morena, Carlos Cruz López, quien en su exposición de motivos recordó que tras el inicio de la pandemia por COVID-19 las Juntas Locales y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje suspendieron actividades y permanecen cerradas.
Dijo que derivado de esa situación, esas instancias no reciben demandas ni señalan fechas de audiencias para desahogar pruebas, tampoco dictan laudos o sentencias, y no está ejecutando los fallos que ya han causado ejecutoria.
Cruz López refirió que el caso de los tribunales laborales, de los juzgados civiles y familiares del fuero común, los juzgados federales, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las dos últimas con sede en Acapulco, reanudaron servicios desde julio del año pasado.
“Sin embargo, y a pesarde que los juzgados locales y federales que están en nuestro Estado ya están en funciones desde hace más de diez meses, respetando las debidas medidas y protocolos sanitarios, mientras que elTribunal de justicia administrativa y el Tribunal y las Juntas laborales, siguen cerradas”.
El legislador afirmó que esa “omisión” provoca “una terrible violación a los derechos humanos de los jucticiables, por negarles el acceso a la justicia, lo que se traduce en una inobservancia a nuestra carta magna y a los pactos internacionales”.
Por ello, propuso que el Congreso cite a comparecer a los titulares de la Secretaría del Trabajo y del Tribunal de Justicia Administrativa, a fin de que rindan un informe del estado que guardan las juntas locales de conciliación y arbitraje, y los tribunales en la materia.