Ángel Galeana/Chilpancingo
Diputados aprobaron el matrimonio igualitario en Guerrero, convirtiéndose en el estado 31 del país en legislar por los derechos de la comunidad LGBT en la materia; únicamente falta Tamaulipas.
En segunda sesión de este martes se presentó el dictamen de la Comisión de Justicia, el cual fue votado a favor solo por los diputados Beatriz Mojica Morga y Estrella de la Paz Bernal de Morena, y el diputado Bernardo Ortega Jiménez del PRD; el presidente de la Comisión, el priista Jesús Parra García votó en contra y la diputada del PAN, Ana Lenis Reséndiz Javier no votó.
El dictamen fue votado en secreto. 38 diputados lo hicieron a favor, 6 en contra y 2 fueron nulos. Cabe resaltar que la Comisión de Justicia se reservó la lectura de exposición de motivos.
La única legisladora que fundamentó su voto en contra fue la priista Julieta Fernández Márquez, quien consideró que por «su contenido y alcance», la reforma debió ser consultada y discutida con mayor profundidad.
«Modificar el código civil en el sentido que se está discutiendo, tiene dos grandes impactos: El primero, de carácter jurídico, toda vez que se está alterando la integración, que de origen, ha tenido la familia.También, con esta reforma, en el ámbito legal se están afectando sin ningún sentido, procedimientos jurídicos establecidos, que han sido la base para el desarrollo de la sociedad, como son, entre otros, la adopción, el régimen de seguridad social, el registro de nacimiento que ya no pasará por un juez de lo familiar para la adopción», señaló.
Dijo que promover leyes que desnaturalicen a la familia, aíslen a sus miembros y le resten autoridad a los padres constituye violencia desde el poder y genera un gobierno federal que suprime las libertades.
Mientras exponía sus argumentos, la comunidad LGBT que acudió para presenciar la sesión le dio la espalda en forma de protesta.
Fundamentacion del dictamen:
El dictamen analizó la iniciativa presentada por los diputados Jacinto González Varona y Yoloczin Domínguez Serna, la cual hace diversas modificaciones al Código Civil del Estado y al Código Procesal Civil presentada el 15 de junio pasado, y también propuestas presentadas por el ayuntamiento de Acapulco para reformar el Código Civil y la Ley del Registro Civil del estado, aunque estas dos últimas no fueron tomadas en cuenta al considerar la Comisión que no eran necesarias.
La Comisión de Justicia no tomó en cuenta la iniciativa presentada por el diputado Fernando Agüero en septimebre, quien es el único representante de la comunidad LGBT del Congreso, aunque en el dictamen no se especifica el porqué. Dicha iniciativa solo proponía que se modificara la línea de un párrafo del Código Civil estatal, quedando limitada a todo el marco jurídico necesario para la reforma.
Las reformas a los códigos señalados se refieren a modificaciones para que el matrimonio se reconozca entre personas y no entre hombre y mujer, como hasta ahora está implícito en la ley.
Algunas de las modificaciones son: «Podrán contraer matrimonio dos personas que hayan cumplido dieciocho años de edad», «las personas casadas, tendrán capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones y oponer las excepciones que a ellos correspondan, sin que para tal objeto se necesite del consentimiento, ni de autorización del otro, salvo en lo relativo a los actos de administnción y de dominio de bienes comunes», entre otros.
En el dictamen de la Comisión se señala que el tema es polémico, sin embargo, está inserto dentro del derecho vigente «y muy específicamente en el derecho civil, que mucho más allá de cualquier creencia religiosa o de corte ideológico, que regularmente tienen una visión reduccionista».
«Las bases están dadas para consagrar a los derechos de todas las personas en territorio guerrerense; los máximos instrumentos jurídicos para el estado de Guerrero señalan en el respeto a los derechos humanos y el combate a la discriminación como directrices fundamentales para el actuar del Estado en la tutela de los derechos humanos de las personas», señala el dictamen.
En el argumento legal, la Comisión tomó en cuenta la jurisprudencia 86/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se establece «que las normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial producen una doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de los materiales, exclusión que pudiera, incluso, llegar a afectar a sus hijos, al colocarlos en un plano de desventaja respecto a los hijos de las parejas heterosexuales».
Otro argumento tomado en cuenta es la jurisprudencia 46/2015, en la que se establece que a las parejas homosexuales se les ha privado de derechos asociados al matrimonio, incluidos los materiales, como: beneficios fiscales, de solidaridad, por causa de muerte de uno de los cónyuges, beneficios de propiedad, beneficios en toma subrogada de decisiones médicas, y beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros».
La Comisión señala en su dictaminación que luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la prohibición de los matrimonios homosexuales era contraria a la Constitución del país, el 5 de junio de 2014 se realizó el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Teloloapan, presenciado por el alcalde, y el 24 de diciembre del mismo año se realizó otro matrimonio en Chilapa, aunque fue celebrado en la Ciudad de México.
Posteriormente, el 8 de julio de 2015, el gobernador Rogelio Ortega Martínez presentó una iniciativa para incluir en el Código Civil los matrimonios igualitarios, la cual no tuvo un proceso legislativo. Dos días después, el 10 de julio, Ortega Martínez promovió en Playa Hornos de Acapulco bodas de parejas homosexuales. En la celebración se casaron 20 parejas, 15 de mujeres y 5 de hombres.
En noviembre de 2018 el diputado Moisés Sandoval presentó una nueva iniciativa, la cual fue desechada por el pleno. Dos años después, en noviembre de 2020 la volvió a presentar pero ya no se dictaminó dado que la Comisión de Justicia argumentó que un proyecto desechado no podría volver a presentarse.
A la sesión asistieron integrantes de la comunidad LGBT quienes celebraron la aprobación de la iniciativa tras varios años buscando su derecho.