Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se declaró en defensa de los pueblos indígenas, su sistema de justicia y contra los gobiernos occidentales, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala la consulta que realizó el Congreso del Estado.
En conferencia de prensa, los asesores jurídicos de la organización, Fernando Xochihua San Martín y Uriel Real Ramírez, el coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Martín Rosales Sierra, el coordinador de la Casa de Justicia de Las Juntas,Jesús Sánchez, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y el vocero de la CRAC-PC, Raúl de Jesús Cabrera, dieron a conocer su postura al respecto de la sentencia emitida por la SCJN el pasado 5 de junio.
Detallaron que la SCJN, en su fallo, consideró que el Congreso del Estado «cumplió con las fases preconsultiva, informativa, diálogo, deliberación y decisiva que debe revestir la consulta, además dijo que esta fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada».
Ante este panorama, «los pueblos indígenas y afromexicano condenamos la resolución de la SCJN, ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros».
Reprocharon que la SCJN se limitó a realizar un análisis de «documentos fabricados» por el Congreso del Estado, sin tomar en cuenta «las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas» como prueba de que el Legislativo Estatal «nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos».
Denunciaron que trabajadores del Congreso del Estado y asistentes de diputados «se desplazaron a varias comunidades para recabar firmas y realizar reuniones rápidas, sin información para los pueblos, mucho menos se permitió la discusión y análisis acucioso de la reforma que planteaban».
Señalaron que la resolución de la SCJN «flexibiliza los requisitos de la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, permitiendo que las autoridades con simples trámites burocráticos y el llenado formal de documentos simulen consultas que nunca se realizaron».
«Ahora las autoridades podrán llevar a la SCJN un rollo de papeles diciendo que consultaron y tal proceder burocrático será validado, sin reparos, por los ministros y con ello se allana el camino para que gobiernos y empresas nos sigan saqueando y explotando», expresaron.
Por lo anterior, las Casa de Justicia de la CRAC-PC advirtieron a los diputados locales, ministros y gobiernos de los tres niveles que «no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos».
«Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos, sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígenas y afromexicanos», sentenciaron.