Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
El gobernador, Héctor Astudillo Flores, se comprometió a trabajar en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar que las familias de los diez músicos asesinados el viernes pasado, en Chilapa, tengan acceso a la justicia, también a mantener la presencia de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional en sus comunidades con el objetivo de pacificar esa zona y evitar más hechos violentos.
Derivado de ese compromiso, los habitantes de la comunidad de Alcozacán liberaron la carretera Chilapa-Hueycatenango, que mantuvieron bloqueada durante una semana en exigencia de que les entregaran los cuerpos restantes de las víctimas (sólo les han entregado cinco).
Este viernes Astudillo se trasladó a Alcozacán, de donde eran originarios los diez músicos asesinados sobre la carretera Mexcalcingo-Tlayelpa, y donde el miércoles niños de entre 6 y 15 años marcharon portando armas de fuego y el uniforme de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
En la reunión estuvo presente el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno; el fiscal General, Jorge Zuriel de los Santos; el secretario de Seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca; el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca; y el alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, así como habitantes de 16 pueblos.
Durante la mesa de trabajo autoridades comunitarias de Alcozacán, incluidas los representantes de la CRAC-PF, presentaron un pliego petitorio que, entre otras cosas, planteaba atención y apoyo a las familias de los músicos y la presencia permanente de las diferentes corporaciones de seguridad.
Al respecto, el gobernador indicó que es importante propiciar la pacificación de la región, por lo que se conformará una Mesa Regional de Coordinación en Chilapa, a fin de revisar de manera diaria la situación en este municipio, con el conocimiento del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
«La idea es tratar de colaborar y buscar la manera de evitar que siga la confrontación y aplicar los mecanismos que están a nuestro alcance para propiciar la pacificación de la región. Las cosas no pueden seguir así, humanamente no es posible aceptarlo», afirmó.
Tras casi una hora de diálogo, el gobernador intervino para solicitar a la CRAC-PF que los 19 niños que recientemente se sumaron a la Policía Comunitaria regresen a clases y se les dé “otra orientación”.
“Yo tengo un tema, y soy respetuoso con lo que ustedes decidan, pero creo que es de interés del gobierno del estado y del gobierno federal y de todos, que cuidemos a los niños (…) colaboren para que especialmente a los niños le demos otra orientación”.
Astudillo Flores asumió el compromiso de generar las condiciones para garantizar la presencia de maestros en las escuelas de esa comunidad, a fin de que los niños regresen a las aulas.
Por su cuenta, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, destacó que la presencia de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Defensa Nacional será de manera fija en puntos estratégicos de la localidad.
El funcionario explicó que este despliegue se realizará en toda la zona de manera alterna entre las tres instituciones de seguridad federal y estatal, además de reforzar la base de operaciones instalada en Rincón de Chautla para atender de forma paralela la problemática en Tula con vigilancia móvil de Chilapa hasta Hueycantenango .
Entre otros acuerdos, se destacó que serán repuestas las dos camionetas afectadas en los hechos delictivos ocurridos el 17 de enero, así como la reposición de los instrumentos musicales.