Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
El sistema de justicia en Guerrero obliga a las mujeres que son víctimas de violación sexual a una maternidad forzada o a los abortos clandestinos, razón por la que es necesario reformar el Código Penal del estado, como se ha mandatado con la segunda alerta de género por agravio comparador decretada por la Secretaría de Gobernación (Segob) en la entidad.
Así lo expresó este jueves la maestra en psicología Violeta Hernández Vázquez durante su participación en la conferencia virtual Alcances y desafíos de la segunda alerta de género por agravio comparado en Guerrero, organizado por la colectiva Las Revueltas.
La también activista, quien da acompañamiento a mujeres víctimas de violencia en Acapulco, manifestó que en Guerrero es complicado acceder a un aborto en casos de violencia sexual y atribuyó esa situación a la falta de capacitación del personal de los servicios de salud.
Ante esa situación, consideró necesario que se reforme el artículo 159 del Código Penal del estado, a fin de eliminar el requisito de que una mujer debe presentar una denuncia y esperar la autorización del Ministerio Público para acceder a un aborto en caso de haber sido violada.
Recordó que con esa reforma bastará la palabra de la víctima para que en cualquier clínica del sector público se le practique la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras.
“Es un reto muy grande (…) Es muy difícil que las mujeres puedan tener acceso y es por eso que en muchas ocasiones las mujeres se van hacia la clandestinidad y es ahí cuando tenemos muchos decesos de las mujeres. Sería muy pertinente la modificación del artículo 159 porque nos permitiría a las mujeres víctimas de violencia sexual acceder a un aborto sin tener que ir al Ministerio Público”.
Violeta Hernández explicó que la justicia en Guerrero es lenta, tanto en la atención de las víctimas como en el desarrollo de las investigaciones, “entonces las mujeres prefieren no ir a denunciar y es ahí cuando tienen abortos clandestinos o simplemente se les obliga a ejercer una maternidad no deseada”.
Por su cuenta, la abogada Yelitza Ruiz, expresó que si el sistema jurídico en Guerrero funcionara, no sería necesario decretar una alerta de género y, “mucho menos”, se hubiera llegado a una segunda declaratoria por parte de la Segob.
Refirió que ese mismo sistema juzga a las mujeres desde “el estereotipo de género”, violentando no solamente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino también la Ley de Atención a Víctimas y la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), esta última garantiza el acceso al aborto en casos de violación sin la intervención de la autoridad ministerial.
También precisó que con la nueva alerta, las mujeres deben sumarse para vigilar las acciones que emprendan las autoridades vinculadas a ese mecanismo, a fin de que se transparenten los recursos que ejercen y que deberían destinar a la atención del problema.