Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo
De enero a mayo de 2020, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob) registró 28 agresiones y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Guerrero.
La cifra coloca al estado en el primer lugar nacional de agresiones, junto con la Ciudad de México, donde también se registraron 28 casos contra 19 periodistas y 9 personas defensoras de derechos humanos.
En el informe “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19”, elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y publicado en julio pasado, se dio a conocer que en los primeros cinco meses de este año en total hubo 250 agresiones y asesinatos en el país, de las cuales 128 corresponden a personas defensoras de derechos humanos entre quienes se encuentran 63 hombres, 52 mujeres, una persona transgénero y 12 colectivos; y, 122 agresiones a periodistas, de los cuales 88 son hombres, 34 mujeres y 4 colectivos.
Se precisó que en Guerrero las víctimas fueron 11 periodistas y 17 personas defensoras de derechos humanos. Le siguen Chiapas con 21 agresiones, Oaxaca con 17, Veracruz con 13, Michoacán con 15, San Luis Potosí 11 y, por último, Nayarit con 7 casos.
Desde que se decretó la contingencia por la pandemia, el 15 de marzo pasado, se identificaron 140 casos de agresiones, amenazas y situaciones de riesgo cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Los estados de Chiapas y Oaxaca presentan el mayor incremento de situaciones de riesgo en contra de personas defensoras de derechos humanos.
“A pesar de la contingencia sanitaria y las medidas de resguardo domiciliario persiste un preocupante clima de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes, en muchos casos, realizan labores esenciales lo que los pone en mayor vulnerabilidad”, dice el informe.
Se advierten tres riesgos centrales, los cuales son situaciones de riesgo y agresiones en contra de periodistas o quienes ejercen la libertad de expresión al cubrir la fuente relacionada con epidemia; posibles situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos que tengan como actividad la defensa del derecho a la protección de la salud; y, colectivos médicos que defiendan el derecho a la protección de la salud a partir de la ausencia de condiciones de seguridad e higiene en su actividad médica.
Se otorgaron 103 preliberaciones a reclusos por COVID-19
En el mismo informe, se dio a conocer que en los centros de reclusión puede ser difícil implementar las medidas sanitarias, debido a que en los mismos hay una serie de factores que sumados facilitan la propagación del nuevo Coronavirus.
Al corte del 31 de mayo se tienen datos de fuentes abiertas de un total de 228 casos confirmados de COVID-19 en centros de reclusión, 14 defunciones y 168 casos de contagio por confirmar.
Debido a la situación vulnerable en la que se encuentran las “personas privadas de su libertad”, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración dio seguimiento a los mecanismos de liberación en el contexto COVID-19 implementados en algunos estados.
En Guerrero se registraron 4 mil 212 personas privadas de su libertad, de las cuales a 103 les fue otorgado una preliberación por COVID-19.
Con el regreso a la “Nueva Normalidad”, basada en el Semáforo Epidemiológico, la dependencia señaló que esto “no implica en ningún caso reforzar medidas coercitivas sobre las personas, ya que son potencialmente violatorias de los derechos humanos”.
Recalcó que las medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria deben implementarse con estricto apego a los derechos humanos de todas las personas, por ello deben ser dirigidas a los sectores laboral, educativo y recreativo, y no de manera individual. También “deben ser positivas apelando a la corresponsabilidad”.