Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
A 11 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez; el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y el director del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, inauguraron el Centro Comunitario “Gúwa Kúma” La Casa de los Saberes que forma parte de la reparación colectiva del daño por la violación tumultuaria de la que fue víctima Inés Fernández Ortega.
Las instalaciones –oficialmente reconocidas como Centro Comunitario de la Mujer y albergue de niñas y niños Me’phaá y Tu’un Savi– están ubicadas en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres y serán atendidas por mujeres indígenas capacitadas en distintas áreas.
En su intervención, Alejandro Encinas recordó que Inés Fernández fue víctima de violación a manos de soldados del Ejército que irrumpieron en su casa, ubicada en la comunidad Barranca Tecoani, el 22 de marzo del 2002; sus hijos presenciaron los hechos.
A pesar de que interpuso una denuncia en todas las instancias del país para acceder a la justicia, su caso fue desechado; después, el Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaá lo expusieron ante la Corte, que emitió su sentencia el 30 de agosto del 2010.
“Una sentencia histórica que reconoce la violencia sexual como un arma de poder y de sumisión, en contextos de violencia social y política, que no solo trastoca la vida de la persona sometida, sino que afecta a toda la comunidad; por lo que es la primera vez, en este país, que la Corte ordena una reparación colectiva en favor de la comunidad Me’phaá, de sus mujeres y niñas”, resaltó Alejandro Encinas.
Señaló que el caso de Inés Fernández y el de Rosendo Radilla Pacheco, impulsaron importantes reformas en el Código de Justicia Militar, como la modificación al artículo 57 para limitar la jurisdicción militar y que todo delito cometido en contra de civiles, sea juzgado por el Fuero Civil.
Héctor Astudillo expresó que “ninguna sentencia resarcirá el daño” que sufrió Inés Fernández, no obstante, su administración continuará implementando acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y la práctica de venta que todavía persiste en algunos municipios de la región Montaña.
También reconoció la labor de Abel Barrera y del abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, de manera pública.
Inés Fernández pide reunión con los próximos gobernantes
Durante su participación, Inés Fernández habló en su lengua originaria y después una intérprete tradujo su discurso, en el que expresó: “Yo no quiero que otras niñas y niños sufran lo que sufrieron mis hijas y mis hijos cuando estudiaban aquí en Ayutla y no tenían dónde vivir, por eso es muy importante el albergue. Tampoco quiero que otras mujeres indígenas vivan lo que yo viví hace varios años, yo quiero que ellas encuentren en este lugar un espacio en donde puedan ser escuchadas y puedan ser atendidas”.
Además, pidió la intervención de las autoridades estatales y federales para mejorar los caminos y carreteras del municipio; así como para apoyar a las familias que resultaron damnificadas a consecuencia del sismo de 7.1 grados registrado el pasado 7 de septiembre.
En ese sentido, señaló que es importante que se convoque a una reunión entre las autoridades estatales y municipales, en la que participen los próximos mandatarios, como la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda, para que escuchen las necesidades del municipio.
Finalmente, Abel Barrera recordó que Inés se topó con “el muro de la cultura mestiza y patriarcal que golpea, que daña, que ultraja a las mujeres de esta Montaña tan abandonada”; reprochó la discriminación y la falta de atención de las autoridades en las comunidades indígenas que sufren de pobreza y marginación.