Agresiones a periodistas

Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

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Muy lamentable el hecho acontecido el pasado fin de semana, cuando el periodista Alfredo Cardoso Echeverría fue sacado de su domicilio por sujetos armados, privado ilegalmente de su libertad y lesionado por proyectiles de arma de fuego, que al fin de cuentas le quitaron la vida; expreso mis condolencias a sus familiares y amigos.

Sobre este tema, se debe entender que este tipo de agresiones a periodistas no solo afectan a las víctimas directas, sino que, además, representan un agravio a la sociedad y una vulneración a su derecho de estar informada; aunado a que esos homicidios y agresiones, no sólo inhiben de manera directa su labor, sino que generan un efecto de autocensura, en detrimento de los derechos a la libertad de expresión y de información.

Es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno se comprometan a emprender acciones de prevención y protección, respecto de cualquier acto con el que se pretenda inhibir u obstaculizar estas labores en beneficio de la sociedad.

Los periodistas y medios de comunicación son aliados valiosos en la defensa y promoción de los derechos humanos, para vigilar el ejercicio del poder y denunciar los abusos de autoridad, actividad que en muchas ocasiones se realiza en condiciones adversas, ante la incomprensión de las autoridades y la incidencia en hechos ilícitos de la delincuencia organizada.

Hay que señalarlo, existe ineficacia de las autoridades encargadas de prevenir, proteger y evitar agresiones y homicidios en contra de los periodistas, por ello, debemos exigir a la Fiscalía General del estado que realice una investigación eficiente, objetiva, pronta e imparcial, que permita el esclarecimiento de los hechos y que se tome en consideración como línea de investigación su posible vínculo con su actividad profesional, y lograr a la brevedad determinar las causas y la identificación de los responsables materiales e intelectuales, a fin de que sean presentados ante la justicia y se les sancione de acuerdo a la ley, para evitar que haya impunidad.

Resulta alarmante la estadística de los últimos años que reflejan el incremento en las agresiones a periodistas, como lo son los homicidios que se han registrado en su contra con motivo del ejercicio de su labor; así tenemos que del año 2000 hasta julio de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un registro de 171 homicidios de periodistas, tan solo en este año se han perpetrado 7 homicidios y hay que agregarle el dato de 23 desaparecidos.

En la actual administración  pública federal, de diciembre de 2018 hasta el 20 de julio de este año, de acuerdo con la propia Secretaría de Gobernación, han sido asesinados 43 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación; resalta el dato y llama a la reflexión de que 7 de ellos eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Algunos de esos casos están siendo investigados en la CNDH por presuntas violaciones a los derechos humanos a la debida diligencia, en su modalidad de procuración de justicia, en contra de las fiscalías responsables de la investigación de los homicidios; a los que pudiera sumarse el caso del periodista Alfredo Cardoso Echeverría, de incurrirse en lentitud en las investigaciones, de lo que hay que estar atentos.

Hay que recordarles a los tres órdenes de gobierno la responsabilidad que tienen de cumplir con sus obligaciones de prevención, protección y procuración de justicia frente a las agresiones contra periodistas, de cumplir con la obligación de realizar de manera oportuna y profesional la investigación de los delitos y la imposición de la sanción a quienes los cometen; éstos constituyen eslabones clave para reducir la violencia contra periodistas, pues la libertad de expresión se debe ejercer de manera libre y en condiciones de seguridad.

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