Ángel Galeana/Chilpancingo
Diputados del Congreso no se presentaron a la sesión secreta a la que fueron citados a las 4:48 de la tarde de ayer para votar el dictamen de la Comisión Especial que investigó las violaciones que se hicieron al artículo segundo transitorio de la Ley 179 del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la cual fue aprobada por el pleno el 12 de abril del año pasado, pero modificada de forma ilegal al ser publicada el 14 del mismo mes en el Diario Oficial del Estado.
En el dictamen de la Comisión, del que Réplica tiene una copia, no se establece responsabilidad por la modificación ilegal a la ley a ninguna persona; se exhibe que el contralor interno del Congreso, Eusebio Pérez Almonte, entregó un informe “que dista muchísimo” de ser una investigación seria para el caso, y que el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, no entregó información que le fue solicitada.
Tras una primera sesión ordinaria la tarde de ayer, los diputados fueron citados a realizar una sesión secreta para votar dicho dictamen de la Comisión Especial, el cual debió ser presentado desde el 11 de junio del año pasado, según el acuerdo aprobado por el pleno en sesión del 27 de abril.
Los diputados fueron citados en la Sala José Bajos Valverde, una de las más pequeñas del Poder Legislativo, en la cual se tendría que considerar la asistencia de 46 personas. La sala se ubica en el segundo piso y alejada del salón principal. Fuentes consultadas aseguraron que a la sesión secreta solo asistieron 22 diputados, por lo que no hubo quórum y no pudieron sesionar. Sin embargo, en el Congreso sí había más diputados, varios de ellos reunidos a puerta cerrada en la sala José Francisco Ruiz Massieu, en donde estuvieron cerca de 4 horas discutiendo el dictamen de la Comisión.
Sin tener acuerdos sobre lo que establece el dictamen, los diputados continuaron en una segunda sesión ordinaria pública para nombrar a los integrantes de la Comisión Permanente, que se encargará de los trabajos legislativos durante el periodo de receso que inicia el próximo domingo.
El dictamen
El dictamen que presentó la Comisión Especial para investigar las violaciones a la Ley, la cual preside la perredista Elzy Camacho Pineda, señala que, desde su instalación, el 3 de mayo del año pasado, hasta la última sesión que realizaron, el 30 de junio, solicitaron información y se reunieron con los posibles involucrados.
De tal manera que pidieron información a la que entonces era presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve Ocampo, al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel, al contralor interno, Eusebio Pérez Almontes, y al secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
En segunda instancia, se reunieron con la diputada Flor Añorve; con quien fuera asesor de la Junta de Coordinación Política, Salustio García Dorantes, la encargada de la Dirección de Servicios Parlamentarios, Marlene Loaeza García, y con el auxiliar de esa área, Irving Gómez Morales. Tras estas reuniones, solicitaron nuevamente información al secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, quien no respondió, “dejando inconclusa la investigación”.
En las consideraciones del dictamen, los diputados de la Comisión Especial señalan que el informe que les entregó el contralor Eusebio Pérez Almontes “dista muchísimo de una investigación seria, a profundidad y con profesionalismo (…) Se concluye que su investigación está inconclusa, por lo que es imposible entregar ese resultado como una investigación completa”.
Detectaron que dentro del Congreso no existe un protocolo ni guía con pasos a seguir ni verificados por ninguna autoridad, “por lo que se deduce que existe descontrol en el manejo de documentos, específicamente en el proceso legislativo que van desde la sanción, publicación e inicio de vigencia”.
Señala que las Comisiones legislativas no tienen facultades de investigación, por lo que recomienda que se deben agotar otras instancias institucionales.
Por lo encontrado en su informe, la Comisión Especial acordó que el Congreso debe legislar “de manera inmediata” para sancionar de forma penal o administrativa a todo aquel que resultara responsable de modificar o publicar de forma distinta todos los documentos emitidos por los diputados.
Establece que la investigación de las violaciones a la Ley de Seguridad debe continuar en la Contraloría interna y solicitaron al titular del área “de manera enérgica” que realice las diligencias correspondientes para emitir un dictamen profesional en un plazo de 60 días naturales, y que el visto bueno de esa investigación lo tenga la Junta de Coordinación Política.
El último de los acuerdos de la Comisión señala que la Jucopo deberá presentar en 180 días naturales una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en la que se establezca la cadena de custodia del proceso legislativo: presentación de la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e indicación de vigencia.
Los cambios ilegales
El Congreso del estado creó una Comisión Especial para investigar las modificaciones ilegales que sufrió la Ley 179 del Sistema Estatal de Seguridad Pública al ser publicada en el Periódico Oficial del Estado.
La violación a la Ley de Seguridad Pública consistió en la modificación ilegal y “grave” del artículo segundo transitorio, el cual fue aprobado por los diputados con el siguiente texto: “Lo dispuesto en los artículos 1, fracción II, 8, fracción IV, 17, fracción XXIV, el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, surtirá sus efectos una vez aprobados los Decretos que contengan las reformas y adiciones reformas al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, ambas en materia de Seguridad Comunitaria.”
Pero al cuando fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el texto establecía: “Lo dispuesto en los artículos 1, fracción II, 8, fracción IV, 17, fracción XXIV, el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, no entrarán en vigor hasta que concluya la consulta mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018, y en su caso el Congreso deberá realizar las reformas o adiciones necesarias a estos artículos a partir de lo establecido por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en dicho proceso de consulta.”
Es decir, que la ley fue modificada de forma ilegal entre su traslado del Congreso a las oficinas del Gobierno del estado y su posterior publicación en el Periódico Oficial; hecho del que en ambos Poderes se han deslindado de la responsabilidad.