Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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Acapulco, Gro. 6-Noviembre-2019
El pasado jueves 31 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó a la opinión pública y a las autoridades un Informe Especial sobre la situación que en materia de Derechos Humanos e inseguridad pública impera en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, el cual está disponible en la página web de la CNDH.
Esta parte de la región Centro se ha convertido en los últimos 5 años en una zona donde se han cometido delitos de alto impacto, pero huelga decir, que no es el único territorio que padece este flagelo, lamentablemente es solo un vistazo a un problema de grandes dimensiones a nivel local y nacional. Se trata de un estudio que abarca los años de 2011 al 2018, basado en información proporcionada por autoridades federales y estatales, así como un ejercicio de monitoreo que difundió la prensa escrita.
Se da cuenta de un diagnóstico nacional y estatal versátil, en materia de incidencia delictiva y su repercusión en el ejercicio de los derechos humanos, así se menciona que, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas al 30 de abril de 2018, Guerrero aparece entre las 9 primeras entidades federativas con mayor número de reportes de personas no localizadas, al contabilizar 1,807 casos, lo que en ese entonces representaba el 4.827 por ciento del total de los 37,435 casos de reportes que sobre la materia se generaron hasta esa fecha a nivel nacional, tanto en el fuero federal como en el común.
Se ponen en el tintero temas tan importantes como son los derechos humanos de los habitantes de ese municipio que se han visto vulnerados, como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad pública, seguridad social y al trabajo, sin dejar de considerar la gran deficiencia que persiste en materia de procuración de justicia, debido a la desatención que han brindado las autoridades de los tres ámbitos de gobierno al estado de Guerrero. Así también se considera la necesidad de crear una política sistemática e integral en el diseño y ejecución de estrategias conjuntas para abatir esas problemáticas.
Lamentablemente, en el caso de Chilapa el derecho fundamental a la vida se ha vulnerado en infinidad de ocasiones, -una de ellas que recuerdo con profunda tristeza, es el caso de nuestro amigo Ranferi Hernández Acevedo, cruelmente privado de la vida junto a sus seres queridos en 2017-; este derecho a la vida que tiene todo ser humano a que se garantice el ciclo de su existencia sin que sea interrumpido por un agente externo. Implica una permisión del titular y una obligación “erga omnes” de omitir cualquier conducta que interfiera o impida el ejercicio de ese derecho, por lo que los servidores públicos deben velar por el cumplimiento del mismo, aplicando la pena adecuada cuando un individuo niega esa garantía a otro, ya sea por una conducta omisiva o activa, culposa o dolosa.
Un pendiente del Estado es el cumplimiento estricto de la obligación de la procuración de justicia, que se consagra como un derecho fundamental de las personas, que se hace efectivo cuando las instancias de gobierno encargadas de tal función cumplen cabalmente con su labor, logrando obtener una condena para el sujeto responsable del delito, así como la reparación del daño a la víctima u ofendido de dicha conducta.
Dicho informe especial concluye con una serie de propuestas a los tres órdenes de gobierno, como son al Senado, Secretaría de Gobernación, Ejecutivo del estado, Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y su homóloga estatal, Fiscalías General de la República y del estado, al Poder Legislativo local, Comisiones de Búsqueda de Personas (nacional y estatal), Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (nacional y estatal), para en coordinación diseñar, establecer y operar políticas públicas y mecanismos que incidan en la protección de los familiares de las víctimas de desaparición y delitos vinculados, así como de testigos de los hechos relacionados con tales acontecimientos, incluyendo programas específicos de prevención del delito y prestando atención especial a aquellas zonas con mayor incidencia de delictiva, así como establecer estrategias de seguridad eficaces e investigar, perseguir y asegurar que se sancionen los delitos cometidos.
Se requiere de las autoridades ir más allá del discurso y voluntad política para ya pasar a los hechos y emprender acciones conjuntas interinstitucionales para atender esta problemática, el contexto de la situación, los datos duros y las propuestas, ahí están.