Fue una agresión directa de los normalistas a las autoridades, afirma gobierno estatal

Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que el enfrentamiento entre estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales fue producto de una “agresión directa” de los jóvenes hacia los uniformados.

En un comunicado, la Mesa precisó que 17 agentes de la Guardia Nacional y 20 de la Policía Estatal resultaron con “diversas heridas en su integridad física, producidas por artefactos explosivos de creación artesanal”.

Dichos objetos, según la versión oficial, “fueron lanzados por los jóvenes normalistas en el momento que fueron contenidos por los elementos federales y estatales cuando intentaron bloquear el paso de automóviles para realizar un supuesto volanteo, sin embargo, se conducían de manera violenta”.

Se detalló que antes de la “agresión directa y premeditada por parte de los estudiantes”, los mandos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como representantes de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establecieron un diálogo con los jóvenes.

No obstante, “ante la negativa para no realizar su toma de caseta, se inició la acción de repliegue, situación que derivó en el ataque a los elementos policíacos que aplican el plan operativo federal ‘Caseta Segura’”.

En ese sentido, se puntualizó que al no lograr su objetivo “los manifestantes utilizaron un tráiler sin conductor y lo lanzaron sobre un punto donde se encontraban los elementos de seguridad, quienes tuvieron que realizar maniobras evasivas para poner a salvo su integridad física, por lo que se registraron solo daños materiales en la zona”.

Finalmente, se informó que los hechos ya fueron denunciados, por lo que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado realizarán las investigaciones correspondientes, debido a que las acciones de los normalistas “se encuentren tipificadas como parte del algún delito”.

“Las instituciones que integran la Mesa de Coordinación garantizan en todo momento la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, privilegiando en todo momento el dialogo y rechazando cualquier acto de violencia que plantee el riesgo de afectar a personas inocentes, además de socavar las condiciones de paz y seguridad del pueblo de Guerrero y el estado de derecho”.

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