Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
La activista jubilada de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Roberta Campos Adame, denunció que sufrió intimidaciones por parte de la Administración Central y decidió terminar su huelga de hambre, luego de que el rector José Alfredo Romero Olea se comprometiera a iniciar “una plática” para resolver su caso.
En conferencia de prensa frente al monumento a Los Caídos del 30 de diciembre de 1960, ubicado en la alameda “Francisco Granados Maldonado”, Roberta Campos recordó que inició la huelga ayer al mediodía para exigir el pago de seis meses de salario equivalente a 156 mil pesos, que le descontaron de su liquidación cuando se jubiló, pero optó por desistir alrededor de las nueve la noche.
Detalló que el motivo por el cual dio por terminada su huelga de hambre fue por una serie de intimidaciones de parte de la Administración Central, que provocaron que su familia temiera por su integridad.
En primer lugar, Pablo Valdez Guerrero –quien se desempeñó como coordinador de Asuntos Jurídicos de la UAGro y ahora fue identificado como secretario particular de Romero Olea– intentó “chamaquear” a Roberta Campos bajo el argumento de que su demanda ya había prescrito.
Luego, funcionarios de la Administración Central ofrecieron un diálogo a sus hijas para pedirles que convencieran a la activista que desistiera de su huelga y el plantón que instaló frente a la oficina de Romero Olea, dentro de la Rectoría en Chilpancingo. Un médico que colabora con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) la revisó y le informó que su presión estaba alta.
Además, las autoridades universitarias cerraron las instalaciones de la Rectoría para impedir que periodistas cubrieran el hecho y entrevistaran a Roberta Campos, por lo que Micaela Cabañas Ayala, directora de área de la Oficina Foránea de Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), intervino.
“Hubo muchos señalamientos, muy graves, de la Administración Central, primeramente diciéndome eso: que había prescrito mi caso (…) Micaela le llamó al rector para decirle que eso no era posible, que se le impidiera el acceso a los medios al campamento donde yo me encontraba en huelga”, contó.
Dijo que ayer alrededor de las siete de la noche, las autoridades universitarias le propusieron pagarle no el 50 sino el 80% de la deuda; entonces: “Uno de mis nietos que cursa el tercer año de primaria, cuando escuchó que me daban el 80% me dijo ‘Mamá, yo tengo mucho miedo de que te pase algo, acéptalos, yo te voy a dar la diferencia de mis ahorros’ (…) Nunca voy a renunciar a mis derechos”.
Tras varios acercamientos, Roberta Campos accedió a levantar su huelga luego de que Romero Olea se comprometiera a continuar con el diálogo hoy, junto con el acompañamiento de las dos comisiones de derechos humanos, y aseguró que le pagarían a la activista la deuda “pero que después de que levantara la huelga”.
Sin embargo, la activista dijo que no confía en Romero Olea porque la Administración Central ha demostrado que “no hay disposición (al diálogo), no se respetan los derechos en la Universidad de Guerrero, pero lo peor: condicionan, negocian a lo que tenemos derecho”.
En ese sentido, llamó a las organizaciones sociales y estudiantiles a mantenerse unidas y pidió a la UAGro que se cumplan los compromisos. “Yo quiero decir que emocionalmente estoy lastimada, muy lastimada, pero físicamente me siento muy bien de reivindicar los derechos de los trabajadores”, concluyó.