Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
El exgobernador Ángel Aguirre Rivero se deslindó de la “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa y afirmó que está dispuesto a colaborar con la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Lo anterior, a cuatro días de la presentación del último Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y tras la detención del extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.
Mediante sus redes sociales oficiales, Aguirre Rivero fijó su postura para aclarar las distintas versiones de los hechos que se han publicado en medios de comunicación, empezó afirmando: “Nunca sostuve reunión alguna con el licenciado Jesús Murillo Karam para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’, son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”.
Recordó que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, “intentó involucrarme a toda costa como miembro de la delincuencia organizada, como consta en las declaraciones formuladas por el maestro Iñaky Blanco, exprocurador del estado y el doctor Jesús Martínez Garnelo, secretario de Gobierno durante mi administración”.
Acusó que el Gobierno Federal –que entonces encabezaba el expresidente Enrique Peña Nieto– “cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero”.
Detalló que la Fiscalía General de la República giró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa, 5 autoridades administrativas y judiciales del estado, 26 policías municipales de Huitzuco, 6 policías municipales de Iguala, un policía de Cocula; 11 policías estatales y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que habrían colaborado en la desaparición forzada de los normalistas.
Además, destacó que el informe alude a 33 solicitudes de nuevas órdenes de aprehensión que clasifica en tres rubros: funcionarios federales, funcionarios municipales y miembros de la delincuencia organizada, pero “no hay mención para funcionarios estatales”.
Puntualizó que el informe establece que los obstáculos a la investigación provinieron de los jueces federales, las instituciones federales de ese momento y las policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco.
Ante este panorama, el perredista consideró que “no es momento de especular sobre el curso de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, mucho menos de ‘fabricar culpables’ a través de publicaciones periodísticas”.
Reiteró que no sostuvo “reunión alguna para planear la ‘verdad histórica’” ni se reunió con Murillo Karam en Iguala y en ninguna otra parte, “resulta absurdo lo que hoy se publica a ese respecto”.
“La ‘verdad histórica’ fue desechada porque fue fabricada. Hoy es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia”, sentenció.
“En lo personal, y varios de mis colaboradores, hemos sido citados a declarar y reiteramos nuestra disposición de acudir las veces que sean necesarias para explicar las actuaciones que se realizaron durante y después de la agresión y desaparición de los estudiantes”, dijo.
Añadió que luego de la presentación del informe, se comunicó con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, “para manifestarle una vez más mi disposición de seguir colaborando en este lamentable caso, hasta su conclusión”.
Por último, informó que está en Acapulco y después acudirá a Ometepec, “no me voy a esconder ni mucho menos (…) Estoy tranquilo y con la disposición de enfrentar siempre con una gran dignidad y decoro cualquier señalamiento que se me haga”.