Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Fue coodinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
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Ayer martes, el GIEI presentó en la Ciudad de México su sexto y último informe denominado “Hallazgos, Avances, Obstáculos y Pendientes”, dicha presentación correspondió a los expertos Carlos Martín Beristain y Ángela Buitrago; a la vez se anunció que el 31 de este mes culminarán sus trabajos de manera definitiva en México.
Recordemos que el 29 de julio del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aprobó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, (GIEI) como mecanismo de asistencia técnica y de coadyuvancia internacional para la investigación y esclarecimiento de los hechos sucedidos en Iguala, relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; que el mecanismo durara el tiempo en que estén vigentes las medidas cautelares 409/2014, otorgadas para el caso.
En total son 322 páginas que integran el VI y último informe del GIEI, que resulta de lectura obligada para periodistas y defensores de DDHH; ahí se abordan 12 temas denominados: El ataque a los jóvenes de Ayotzinapa; análisis sobre localización, relaciones comunicacionales y desplazamientos; la actuación y responsabilidades de policía ministerial, estatal y federal; la actuación del CISEN; actuación del Ejército; la intervención de la Marina; el trasiego de drogas de México a Estados Unidos como contexto y motivo del ataque a los normalistas; esclarecimiento de la supuesta versión de la verdad histórica; destino y paradero de los normalistas ¿qué pasó con los chavos y dónde están?; la acción del crimen organizado; los desafíos de la investigación en la actualidad; y, el último tema relativo a las recomendaciones del GIEI.
Personalmente destaco lo señalado por Ángela Buitrago, cuando abordó el rubro “Destino y Paradero de los Jóvenes”, y refirió que no puede verse separado del conjunto de hechos, que si bien “todo indica que los responsables fueron el crimen organizado, la participación de agentes del estado (mexicano) en esas redes criminales y el ocultamiento de información por parte de instituciones del estado, limita el poder responder a dicha cuestión como hubiéramos querido…que fueron llevados en al menos tres grupos a diversos lugares…”, habiéndose identificado los restos de Julio César Mondragón Fontes, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Rodríguez Telumbre; y que el destino y paradero de los restantes 40 jóvenes, se debe continuar investigando.
Me resulta altamente preocupante el mensaje final en el que hacen referencia sobre los factores que impiden una investigación efectiva, haciendo alusión al comportamiento de las autoridades federales actuales en el ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias, que impiden tener la verdad y por tanto, avanzar; que “el GIEI ha llegado hasta el límite de lo que se puede investigar como asistencia técnica, se hace imposible continuar su trabajo y por esta razón, si las cosas no cambian como no han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo…el riesgo que hemos enfrentado es, que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable…” refirió Carlos Martín Beristain.
Agregó que, “duele investigar en esas condiciones en las que la asistencia técnica se tiene que convertir en una carrera de obstáculos, las respuestas de negación de documentación y de la verdad que se han seguido dando por parte de SEDENA, SEMAR y CISEN, en el periodo actual, en un comportamiento más corporativo que comprometido con la verdad, que es la base de la democracia; el núcleo de negaciones y mentiras acumuladas en este caso, no es fruto de la inercia o de la burocracia institucional, existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos o que oculta partes muy significativas de los mismos…”
Considero que ante la culminación del trabajo del GIEI y las revelaciones sobre los obstáculos de las autoridades del Estado Mexicano que impiden llegar a la verdad, lo ideal es el litigio del caso en el sistema regional de derechos humanos, ante la Corte Interamericana; o bien, ante el sistema universal, toda vez que estamos en presencia de violaciones graves a los DDHH, como lo son actos de tortura, detención arbitraria y desaparición forzada, considerados de lesa humanidad; y los legitimados para utilizar esos mecanismos son los familiares y/o sus representantes legales; esperemos su reacción.